El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, dijo que actualmente las empresas destinan hasta el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, advirtió que el aumento de la criminalidad está reduciendo la productividad y competitividad de las empresas del país.
“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, cuestionó el líder empresarial tras su participación en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.
En la cita intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por los principales gremios de transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas.
Ante el avance del crimen organizado, el representante de la CCL solicitó al Congreso de la República convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad para legislar sobre las iniciativas presentadas por los gremios y asociaciones mencionadas. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, dijo.
Sin embargo, cuestionó la ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las mesas de trabajo convocadas por los gremios y asociaciones empresariales y el Legislativo.
“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las Mipymes, que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, señaló el líder empresarial.
Asimismo, Roberto de la Tore indicó que el sector privado está de acuerdo en que debe restablecerse la norma de detención preliminar en casos de flagrancia.
Propuestas contra el crimen organizado
El titular de la CCL presentó algunas iniciativas elaboradas con la participación de los gremios, asociaciones y programas sociales en las dos mesas de trabajo: (1) modificaciones normativas para permitir las denuncias digitales, (2) implementar un sistema integrado de información de seguridad ciudadana, (3) incorporar a personal policial y licenciados de las fuerzas armadas en situación de retiro con el fin de reducir el déficit de personal de Policía Nacional del Perú, (4) modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se plantea incorporar al Conasec al presidente de la República y al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil, (5) dotar de recursos logísticos a la PNP, considerando la posibilidad de usar un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y (6) implementar nuevas unidades de flagrancia e infraestructura penitenciaria a través de los mecanismos obras por impuestos y asociaciones público-privadas.
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