El Consejo de Estado también se pronunció a favor de la ratificación mediante segunda votación de la ley que impide la postulación a cargos públicos de candidatos con sentencias en primera instancia.
El Consejo de Estado instó este jueves a debatir de manera amplia y reflexiva sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios aprobada recientemente por el Congreso de la República.
Mediante un comunicado, señalaron que "existe unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural con la profundidad" que amerita una modificación constitucional de esta envergadura.
Por otro lado, respaldaron la decisión del Parlamento de aprobar en primera votación la ley que impide la postulación a cargos públicos de candidatos con sentencias en primera instancia, la cual esperan "que sea ratificada en una segunda votación".
Los miembros del Consejo también saludaron la convocatoria de elecciones generales para el 11 de abril del 2021, lo que, señalan, "fotalece la gobernabilidad y el sistema democrático".
Entre otros temas, trataron la evolución de la COVID-19 en el país y las acciones que lleva a cabo el Gobierno para frenar su avance; así como la importancia de la reactivación económica para generar fuentes de trabajo y la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público.
El consejo acordó sesionar de manera periódica y elaborar una agenda de corto plazo que priorice el bienestar de los peruanos de cara al Bicentenario.
El Consejo de Estado lo integran el Presidente de la República, Martín Vizcarra, el presidente del Congreso, Manuel Merino, y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Esta instancia consultiva también cuenta con la participación de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la titular del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma.
Martín Vizcarra había adelantado que todos los integrantes del consejo confirmaron su asistencia con la excepción de la presidenta del TC. Según el presidente, Ledesma se excusó con el argumento de que la nueva ley aprobada en el Congreso compromete sus competencias".
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