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por Sergio Espinoza
·El jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia, Tiberio Martínez, explicó que si un adolescente es hallado culpable de un delito grave, ya no será trasladado a un centro juvenil, sino directamente a un espacio diferenciado de un penal.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está adecuando los penales para recibir a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. Así lo anunció Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 32330, aprobada por el Congreso, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con el objetivo de imputar penalmente como adultos a los adolescente de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.
A pocos días de la promulgación de la norma, Martínez precisó que actualmente hay 1 050 adolescentes internados en los centros juveniles por delitos graves. De esa cifra, 727 están recluidos por robo agravado, 87 por homicidio calificado, siete por sicariato, catorce por trata de personas y 69 por violación sexual.
“… ya no van a ser tratados como adolescentes, sino como adultos […]. Se les va a aplicar la regla de los adultos, van a ser procesados por un juez penal común, van a ser llevados a un establecimiento penitenciario. Pero todos los demás, ya sea los menores de 16 años y otros adolescentes que no cometan estos delitos, van a seguir siendo tratados por el sistema de adolescentes”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.
Adolescentes estarán separados de los adultos
El funcionario explicó que se habilitarán espacios diferenciados en los 74 penales del país, a fin de evitar que incrementen su peligrosidad por el contacto con los adultos reclusos.
“La norma también lo que señala es un trato diferenciado. El INPE está adecuando los establecimientos penitenciarios. Pabellones o espacios diferenciados. No van a ser internados junto con los demás internos adultos que han cometido estos mismos delitos, pero están en los penales”, indicó.
Asimismo, Martínez señaló que en el penal de Ancón 1 – adonde fueron trasladados 29 adolescentes de alta peligrosidad tras la fuga registrada en ‘Maranguita’ a inicios de mayo – está adecuando un espacio para recibir a los nuevos reclusos.
A modo de ejemplo, dijo que si un adolescente, del rango de 16 y 17 años, se le impone prisión preventiva o es hallado responsable de algún delito grave, será trasladado directamente a un espacio reservado del penal y ya no a un centro juvenil.
Funcionario descarta vulneración a convención de las Naciones Unidas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú (UNODC) instó a las autoridades peruanos reflexionar y considerar la derogación de la citada ley, tras señalar que los adolescentes se alejarían de la rehabilitación social al cumplir penas junto con adultos.
Al ser consultado si es que la norma vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, el funcionario respondió que antes los adolescentes “no tenían tanta injerencia” en los delitos graves, por lo que le corresponde al Estado adecuar sus normativas a “estas nuevas realidades”.
“El Ministerio de Justicia considera que estas excepciones están justificadas por la realidad, por lo que está sucediendo, por el nivel de inseguridad que está pasando en el país”, indicó.
Finalmente, el funcionario del Ministerio de Justicia anunció que su sector alista una propuesta legal para que periódicamente se revise cada cinco o diez años el avance del recluso, a fin de diagnosticar y comprobar si está funcionando el tratamiento de resocialización.
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Sergio Espinoza Periodista
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