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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que la norma promulgada sobre imputabilidad a menores de 16 y 17 años "colisiona" con la Constitución y señaló al MIMP de "no hacer nada" para "velar por todos los niños y adolescentes".
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció sobre la reciente promulgación de la Ley 32330 que modifica la normativa para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
La norma, publicada el último sábado en el diario oficial El Peruano, modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal y tres artículos del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para que los jóvenes de dicho grupo etario sean procesados penalmente como adultos.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra dicha norma, pues "es perjudicial para los derechos de los adolescentes del país y contraria al ordenamiento jurídico y jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia".
"Nosotros, a la luz del artículo 55 de la Constitución Política del Perú, hemos incorporado la Convención del Niño -del año 89 y ratificada el año 90- en nuestra legislación nacional y, entonces, allí se establece con claridad que se considera niños hasta los 18 años, incluido, claro está, los adolescentes en ese grupo etario", resaltó Gutiérrez Cóndor.
"Como no podemos estar en una disputa de carácter técnico legal, lo que tenemos que [hacer] es rápidamente ir al Tribunal Constitucional y hago un llamado para la presidenta del TC y todos los miembros para que puedan agendar rápidamente este tema y discutirse a la brevedad, porque el impacto de la norma es sumamente grave y nos pone en una condición, si se quiere, de paria jurídico ante la comunidad internacional", aseveró.
En esa línea, se manifestó a favor de la invocación del Poder Judicial, que señaló que "las juezas y jueces están facultados para ejercer control difuso e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales".
"Si hay una colisión normativa, yo creo que el Poder Judicial va a tener que ejercitar el control difuso, priorizando, porque hay una colisión de normas. O sea, si ya la Convención es parte de nuestra Constitución, implica que tiene mayor jerarquía que la ley ordinaria que acaba de aprobarse. Entonces van a hacer un control difuso, probablemente, y a partir de ello inaplicar la norma que se ha emitido", resaltó.
"El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha hecho nada" en prevención
Asimismo, Gutiérrez Cóndor indicó que el Estado no está cumpliendo con su rol de velar "preferentemente por los niños y adolescentes", tal como indica la Carta Magna.
"El artículo cuarto dice que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente. Eso es algo mandatorio. ¿Y cómo vas a protegerlo? Proteger haciendo que su estado de desprotección sea mínimo y el Estado tiene que tener presencia activa en todo ese proceso", señaló.
"El Estado no tiene ninguna política preventiva acorde a esa protección. Necesitas estar violada para que el Estado se active; necesitas estar maltratado para que el Estado se active. Es decir, cuando eres víctima se activa el Estado. Pero acá no dice eso. O sea, vamos a velar para proteger y la protección es la prevención", agregó.
En ese sentido, el defensor del pueblo señaló específicamente que el rol rector en esa tarea le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual, según dijo, no ha hecho nada "en términos de prevención".
"El ente rector para definir todo este trabajo es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que, en este caso, no ha hecho nada. Y eso es una preocupación mayor porque por encima, digamos, del cargo, yo no voy a quedarme en el cargo para poder ratificar una norma que, evidentemente, es lesiva al interés superior del niño. [El MIMP] es el ente rector para velar por todos los niños y adolescentes", refirió.
"Una cosa es que hay programas como los Centros de Emergencia Mujer y todo eso que, de acuerdo a la legislación, se ha desarrollado, pero para atención de personas que ya son víctimas, no de los que están en condiciones de alta vulnerabilidad, que es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces encontramos niños que, por ejemplo, no tienen partida de nacimiento. Encontramos adolescentes que están en completo abandono, viven en la calle, no tienen padres. Y encontramos niños que, teniendo padres, no tienen la patria potestad adecuada para poderlos atender en las necesidades que tienen estos niños", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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