Karol Paredes sobre muertes en protestas sociales: "Dina Boluarte, como responsable política, no ha esclarecido el tema"

La congresista de la bancada de Avanza País, Karol Paredes, afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y “otras instancias”, como el Ministerio del Interior, tienen “responsabilidad política” por las muertes y heridos durante las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y junio de 2023.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la legisladora por la región San Martín señaló que la jefa de Estado debería pedir a sus altos funcionarios que respondan de manera oportuna y transparente “qué es lo que realmente ha pasado”, a fin de “aclarar las cosas”.

“Ninguna muerte tiene que quedar como si no hubiese pasado nada. Las familias necesitan respuestas claras”, enfatizó.

Para Paredes Fonseca, Dina Boluarte, hasta el momento, “no ha esclarecido” el tema y “tampoco” observa “que eso sea una prioridad” para el Gobierno. “No hay información clara, no hay una respuesta contundente respecto a las muertes, a las movilizaciones y a las pérdidas económicas”, cuestionó.

Denuncia constitucional

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra como presunta autora de los delitos de lesiones graves y leves "en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipiana Vega y otros", en el contexto de las protestas antigubernamentales.

La denuncia también comprende a Pedro Miguel Angulo y Luis Alberto Otárola, extitulares del Consejo de Ministros; a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y al exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez.

Las protestas sociales que se registraron en Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) provocaron la muerte de 49 personas y dejaron más de 1 400 heridos, según un informe de Amnistía Internacional (AI).

Una de las conclusiones de esta organización defensora de los derechos humanos es que "la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima, así como la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria".

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