CIDH presentó su informe sobre las protestas en Perú: ¿qué recomendaciones planteó al Estado?

En una conferencia de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles el informe final sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año, en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En un documento de 113 páginas, el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio cuenta de 57 fallecidos y señaló que, en el caso de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la respuesta del Estado, a través de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se caracterizó por el uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad”, se lee en el informe.

En el caso de Ayacucho, prosigue en el informe, se registraron “graves violaciones” de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un “enfoque étnico-racial”, en el marco del saldo de ocho fallecidos y 52 heridos que dejaron los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendivil Duarte.

“Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, estableció la comisión que visitó al Perú. 

Los comisionados también señalaron que en Juliaca (Puno), donde se registraron al menos 18 fallecidos en un solo día de protestas en enero, se habrían presentado situaciones de “uso excesivo e indiscriminado” de la fuerza por parte de los agentes del Estado, quienes “habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos” en contra de manifestantes y de terceras personas.

Así, la entidad internacional pidió que los hechos expuestos, además ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, sean juzgados y sancionados. 

¿Cuáles fueron las recomendaciones?

Entre sus 36 recomendaciones, la CIDH exhortó al Estado Peruano que las reparaciones para las víctimas sean integrales e incluyan acciones de compensación, rehabilitación médica y psicológica.

También planteó integrar una estrategia de diálogo con un enfoque “étnico y territorial”, así como garantizar la participación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Respecto al accionar policial y militar, recomendó adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para la actuación de las fuerzas del orden, que intervienen en la contención de manifestaciones, prioricen la “defensa de la vida” y la “integridad” de todas las personas.

Sobre la institucionalidad democrática, el organismo sugirió al Estado Peruano abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la “autonomía” e “independencia” del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial; además de delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso.

Finalmente, la CIDH expresó su disposición para brindarle al Perú la cooperación técnica requeridas a efectos de implementar las recomendaciones formuladas en el informe, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento.

¿Perú está obligado a implementar las recomendaciones?

La secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Producción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido, explicó en conferencia de prensa virtual que la CIDH no tiene “poderes coercitivos” para que los estados miembros cumplan las recomendaciones; es decir, el Perú no está obligado a implementar estas 36 sugerencias.

Sin embargo, Pulido aseveró que se apela a la “buena fe” de los estados para aplicar las recomendaciones.

“La CIDH hace seguimiento a las recomendaciones que formula, con audiencias de seguimientos; pero no tiene poderes coercitivos para que los estados cumplan con esas recomendaciones, sino que el Estado que hace parte de la comisión, de buena fe tiene la obligación de cumplir esas recomendaciones”, detalló.

“Se ha puesto a disposición del Estado para crear un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del informe. Creemos que es la vía más adecuada para que, junto con el Estado y de la mano de la sociedad civil, se pueda avanzar en esto”, agregó.

Días antes de la presentación del informe final de la CIDH, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, informó que el Poder Ejecutivo implementará las recomendaciones que brinde el organismo internacional.

El titular del Minjusdh comentó que se realizará un trabajo multisectorial para implementar los informes de la comisión.

“Lo que vamos a hacer nosotros es esperar el informe oficial de la comisión y vamos a tener un pronunciamiento. Lo que yo he adelantado es que nosotros vamos a implementar las recomendaciones de la comisión”, sentenció.

Recientemente, se pudo conocer que el Gobierno de Dina Boluarte tiene previsto dar una conferencia de Prensa en Palacio de Gobierno a partir de las 02:30 p.m.

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