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por Redacción RPP
·Amnistía Internacional señaló que la ley, impulsada por el congresista conservador Jorge Montoya, "viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente".
Amnistía Internacional (AI) rechazó la ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en crímenes cometidos entre 1980 y 2000, y afirmó que la iniciativa —aprobada el pasado 9 de julio por el Congreso— "premia con impunidad a responsables de crímenes de lesa humanidad".
"Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de 'amnistía humanitaria', permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia", señaló la organización en un comunicado.
La organización no gubernamental afirmó que la norma, impulsada por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, "viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente".
"Su implementación impactará en al menos 156 casos con sentencia firme, permitiendo que responsables por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, puedan recuperar su libertad", advirtió.
Amnistía Internacional sostuvo que la cancelación de procesos en investigación o en juicio transmite un mensaje de indiferencia e impunidad frente al dolor y derecho de las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación.
"Esto incluye casos como el de Putis, Ayacucho de 1984, donde 123 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, fueron asesinadas", recordó.
Alertan sobre "prácticas autoritarias y de impunidad en Perú"
La organización enfatizó que el derecho internacional y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y violencia sexual, entre otros.
"Amnistía Internacional advierte sobre el avance de prácticas autoritarias y de impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para incumplir compromisos internacionales", expresó.
Frente a ello, la organización reiteró a las autoridades peruanas su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, "lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos".
"Para cerrar este capítulo doloroso de la historia, las autoridades deben garantizar la no repetición. Ello exige enfrentar decididamente la impunidad y encontrar a los responsables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú por todas las partes involucradas en el conflicto armado", concluyó AI.
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