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por Redacción RPP
·Representantes de nueve bases regionales de comunidades indígenas peruanas coincidieron en señalar que padecen amenazas contra la vida de sus líderes y el incremento de actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras.
Más de 50 representantes de pueblos indígenas peruanos pidieron al Estado medidas de protección como respuesta a amenazas y asesinatos de líderes de comunidades, además de compartir iniciativas para la defensa de sus territorios, durante el Segundo Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas celebrado este martes en Lima.
"Para nosotros es importante visibilizar los casos de líderes asesinados. Si no se hacen visibles las cifras, no hay incidencia para que las familias encuentren justicia", señaló el vicepresidente y responsable del Programa Defensa de Defensores Indígenas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Miguel Guimaraes.
El encuentro surgió ante la creciente violencia en territorios indígenas, que desde 2013 ha cobrado la vida de 34 líderes de comunidades asesinados por enfrentarse a mafias que amenazan sus territorios, según detalló Aidesep en un comunicado.
"El papel no aguanta la bala", pronunciaron líderes asistentes al encuentro, al manifestar que las medidas implementadas por el Estado resultan insuficientes.
Por ello, proponen impulsar las iniciativas de autoprotección que están implementando ante "el limitado apoyo que reciben por parte de las autoridades".
"Nos enfrentamos a fuerzas armadas criminales e incluso a sectas religiosas que promueven la venta de nuestras tierras. Supuestas rondas campesinas de centros poblados vienen hostigando a los pobladores de diversas comunidades nativas", señaló el presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), Wilfredo Tsamash Cabrera.
Piden presupuesto para proteger la vida de líderes indígenas amazónicos
Representantes de nueve bases regionales de Aidesep presentaron la situación de sus jurisdicciones, y un punto común en sus realidades es la existencia de zozobra y angustia en torno a los líderes que dan voz y rostro a las amenazas y el incremento de actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras y los delitos asociados que estos generan.
También denunciaron "la normatividad ambiental permisiva" y la ineficacia del mecanismo para la protección de los defensores indígenas.
En este sentido, expusieron que un factor que contribuye al incremento de la ilegalidad es la incapacidad estatal para facilitar la titulación y demarcación de las comunidades, lo que representa "una deuda pendiente" que tiene el país con las comunidades indígenas.
Por otra parte, los líderes señalaron que el Estado peruano promociona e impulsa proyectos de infraestructura, que no incorporan aspectos sociales ni ambientales de las comunidades nativas, "lo que se convierte en otro factor que incrementa los riesgos y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y territorios".
Guimaraes reiteró el pedido realizado al Estado para que asigne una partida presupuestaria específica para implementar mecanismos efectivos para proteger las vidas de los defensores. (EFE)
Discursos estatales sobre la trata de personas
Desde hace más de 15 años, el Estado peruano toma acciones para combatir la trata de personas, un delito que tiene como principales víctimas a mujeres vulnerables: jóvenes, indígenas, migrantes, en situación de pobreza, etc. Parte de estas acciones incluye la elaboración de materiales institucionales y educativos. En este episodio, Claudia Farfán, investigadora del Centro Bartolomé de las Casas, comparte los hallazgos y propuestas de su estudio "Discursos estatales sobre la trata de personas. Un análisis sobre los materiales para la prevención del delito en Perú (2012 – 2022)".
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