El Estado está perdiendo la batalla contra las actividades ilícitas en territorios indígenas, indica especialista

Carlos Quispe, especialista de la ONG 'Dar' (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), habló en RPP sobre los asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía peruana a raíz del crimen de Quinto Inuma Alvarado, quien denunció en varias ocasiones la extracción ilegal de madera en la región San Martin.

En el segmento Ampliación de Noticias, el especialista indicó que el Estado peruano no brinda las garantías necesarias a los defensores indígenas frente a la presencia de organizaciones criminales presentes en la Amazonía peruana.

“El caso es una muestra de que el Estado peruano está perdiendo la batalla en contra del avance de actividades ilícitas en territorios indígenas. Esto es un caso emblemático pero que refleja un patrón que viene incrementándose por principalmente la presencia de actividades ilícitas: narcotráfico, tala ilegal, etc, que, desafortunadamente, pese a los esfuerzos que debe estar haciendo el Estado, a la fecha no tiene la efectividad que esperaríamos, no hay la articulación que se desea”, indicó el representante de la ONG 'Dar'.

Si bien el Estado peruano, a través del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, es una herramienta vigente desde el año 2021, encabezada por el Ministerio de Justicia, tiene un decreto supremo que beneficia a los defensores indígenas, para el especialista hay falta de voluntad política.

En este punto, Carlos Quispe indicó que el Ministerio de Interior debió aprobar unos lineamientos de actuación para actuar ante situaciones de emergencias que enfrenten lideres indígenas. El plazo venció en junio de 2021.

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Tierras sin titulación

Carlos Quispe afirmó que existe otra problemática en territorios indígenas: la existencia de redes de crimen organizado. Señaló que en ellas estarían involucradas autoridades regionales, que aprovechan que hay comunidades que no están tituladas y aprovechan esto para obtener derechos superpuestos a estos espacios.

“Cuando se titula esa comunidad, tú puedes ejercer la defensa de ese espacio territorial. Mientras tú no puedas, no puedes denunciar por la usurpación que puedas estar sufriendo. Además, tener la titulación, bajo el principio de publicidad, permite que otros conozcan quién está ahí. La inseguridad jurídica que se vive en las comunidades justamente es aprovechada para darle derechos a terceros que tiene el titulo para, por ejemplo, sacar madera”, afirmó.

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Se necesitan acciones del Estado peruano

Ante esta delicada situación, Carlos Quispe enfatizó que el Estado peruano debe ejecutar medidas de acción concretas desde sus ministerios y darle prioridad a los casos de lideres indígenas.

“Los principales actores para poder luchar ante la crisis climática son los pueblos indígenas que habitan en estos territorios. Y, sin embargo, las medidas para la protección de sus territorios, de sus vidas y de las siguientes generaciones no está siendo asegurada de una manera adecuada. Recordemos que los problemas que hoy enfrentan estas comunidades es algo que vamos a enfrentar en el futuro”, sostuvo.

“Casos como el de Quinto, como el de Edwin Chota, el mensaje que envían es que puedes hacer lo que quieras y no va a pasar nada”, agregó.

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