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Loreto: Nativos mantienen tomada estación 5 de PetroPerú hace 21 días

Los dirigentes de los pueblos originarios pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que asista a una mesa de diálogo el próximo miércoles 21 de octubre. | Fuente: Cortesía

Los manifestantes exigen una mesa de diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros para abordar sus reclamos.

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Los miembros de las denominadas siete nacionalidades de los pueblos originarios de la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, cumplen 21 días de haber tomado la estación 5 del Oleoducto Norperuano, administrada por PetroPerú, ubicada en el distrito de Manseriche.

Alrededor de 200 manifestantes pidieron una reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para este miércoles 21 de octubre, según informó a RPP Noticias, Otoniel Sajín, vocero indígena.

Sajín dijo que garantizan la seguridad de los altos funcionarios del Estado.

Los protestantes tomaron las instalaciones de la estación 5 el 28 de septiembre. Antes de ello, PetroPerú decidió retirar, por precaución, a sus trabajadores. Por esa razón, la estación, solo se mantiene ocupada por pobladores y un grupo reducido de vigilantes de la empresa.

Los manifestantes permanecen desde hace 21 días en la estación 5 del Oleoducto Norperuano. | Fuente: Cortesía

Origen de la protesta

Los pueblos originarios piden una mesa de diálogo para abordar sus reclamos que constan de 22 puntos, en los que resalta la culminación del eje vial 04, enmarcado en el acuerdo de Paz firmado con Ecuador en 1998.

Además, exigen la construcción de hospitales del Minsa y de EsSalud para los ciudadanos de las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui de la región Amazonas.

También piden la instalación de antes de telefonía 4G, mejoras de la cobertura de Internet, instalación de estos servicios en los centros educativos y oficinas de Osiptel y Osinerming para la atención de reclamos de los ciudadanos de las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y de Datem del Marañón.

Otro pedido es que el Banco de la Nación tenga una sede en el distrito de Manseriche y la creación de comisarías.

Los apus indicaron que están cansados de que por 22 años el Estado no atienda sus reclamos o no cumpla con sus ofrecimientos por lo que no dejarán la Estación 5 de Petroperú hasta que llegué el premier Walter Martos y varios ministros.

Funcionarios de PetroPerú informaron que el mayor riesgo se presenta por la presencia de personas en la zona industrial donde se almacena el crudo de petróleo. | Fuente: Cortesía

PetroPerú advierte pérdidas millonarias

El presidente del directorio de PetroPerú, Eduardo Guevara Dodds, manifestó a RPP Noticias que la toma de la estación 5 impacta en toda la operación del Oleoducto Norperuano, porque es el corazón ya que por ahí llega el ramal norte, y el tramo 1.

“Tomar las instalaciones de la estación 5 hace que paralicemos por completo nuestras operaciones. Una medida como esta afecta no solo a PetroPerú sino a toda la actividad petrolera que se desarrolla en Loreto… Son más o menos 6 millones de dólares al mes en pérdidas”, señaló.

El funcionario también agregó que detener las operaciones del Oleoducto también paraliza a los lotes que sacan petróleo. “Esto va a generar que no paguen regalías al Estado y eso se va a reflejar en el canon que pagan a los gobiernos regionales y municipales”, dijo Guevara Dodds.

Otro tema que preocupa a los directivos de PetroPerú es que los manifestantes están dentro de la estación 5 y también en los alrededores de la zona industrial donde están los tanques de almacenamiento de crudo.

“Esa es la parte más peligrosa, porque está poniendo en riesgo la integridad de esas personas y de las poblaciones cercanas… Puede haber una explosión generada porque hay gente que está con escopetas, hay zonas donde no pueden utilizar quipos celulares”, advirtió.

Guevara Dodds señaló que esta situación ya ha sido denunciada ante el Ministerio Público y el riesgo que genera la presencia de personas en una zona industrial.

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