Los partidos políticos frente al Jurado Electoral [COLUMNA]

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Los Jurados Electorales a lo largo del país se han pronunciado en su calidad de primera instancia sobre la legitimidad de las listas que aspiran a competir en los comicios del 26 de enero. En el caso de Lima la paradoja mayor fue saber que de los 22 partidos inscritos, solo uno había cumplido con todos las reglas. ¿Cuál? El más estrafalario, puesto que fue fundado por un autodenominado “profeta” que aseguró que resucitaría tres días después de su muerte. Los seguidores de Ezequiel Atacusi siguen esperando su retorno del más allá, pero en el acá de la vida terrenal parecen ser los únicos que han pasado con éxito por las Horcas Caudinas de la autoridad electoral. En Lima, el Jurado Especial ha declarado inadmisibles algunos candidatos e improcedentes otros.

En el primer caso, los afectados recibieron dos días para absolver las objeciones, mientras que en el caso de las improcedencias tendrán que apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los casos más frecuentes de incumplimiento son dos: el no respeto de la democracia interna y la falta de licencia sin sueldo de los que ejercen alguna función pública, como es el caso de los miembros de la Comisión Permanente. Necesitamos elecciones que no sufran la menor sombra de duda, de la misma manera que necesitamos partidos políticos que despierten convicciones y canalicen la vocación de los que quieren dedicarse al servicio público en la vida política. 

Si el poder se ejerce de manera irreprochable, las instituciones y los actores económicos sabrán que la ley se aplica para todos por igual. Eso vale para los grandes empresarios que han dado cuantiosas cantidades de dinero a los partidos, y vale también para los colectiveros que amenazan hoy con hacer una huelga en Lima. Se trata de una situación inédita porque los colectiveros no tienen derecho a perturbar el transporte público y obstruir una reforma que Lima necesita. La opción de la municipalidad es clara: terminar con el caos y la informalidad. Para eso es indispensable tener conductores formados, asalariados y respetuosos de las reglas, no ilegales que aprovechan una brecha del mercado para atraer a los clientes de los buses que circulan en los corredores de Lima.

Uruguay sigue siendo el país latinoamericano con mayor índice de respeto a la institucionalidad. El saliente Frente Amplio ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda. Al cabo de tres mandatos sucesivos del centro-izquierda gobernará el centro-derecha, sin que esto signifique odios, rencores ni la pulsión de destruir todo lo hecho por quienes dejan el poder. La alternancia política consolida las democracias y permite aceptar las diferencias de visión como algo natural y positivo en una sociedad de hombres libres.

Otro ejemplo notable de institucionalidad nos viene de Israel. Pese a ser un país que vive en serias fricciones con varios de sus vecinos, la Justicia ha imputado al primer ministro en ejercicio Benjamín Netayanhu por soborno, fraude y abuso de poder. Sus largos trece años en el poder no le dan “corona” para sustraerse a la Justicia. El fiscal general no ha tomado en cuenta el delicado contexto político del país, porque solo le correspondía establecer si el poderoso justiciable violó o no la ley. Israel ha votado dos veces en un año, pero no ha podido forjar una mayoría parlamentaria del que salga el futuro gobierno. Si no se logra el voto de 61 diputados antes del 12 de diciembre, tendrá que convocarse a nuevas elecciones. Entretanto, Netanyahu habrá perdido su inmunidad parlamentaria y tendrá que rendir cuentas a la Justicia. Tal como el resto de los ciudadanos.

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