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por José Flores
·La muerte de 13 trabajadores en una mina de Pataz, atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal, desata críticas de gremios empresariales y sindicales, que exigen al Gobierno una estrategia integral para combatir la criminalidad y reformar el fallido Reinfo.
La provincia de Pataz, en la región La Libertad, vuelve a ser escenario de una tragedia que remece al Perú. El asesinato de 13 trabajadores de la minera Poderosa, confirmado el domingo, es el último episodio de una escalada de violencia vinculada a la minería ilegal.
Gremios empresariales y de trabajadores, en un comunicado conjunto, atribuyen este crimen a la "ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado" y al mantenimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que califican como un mecanismo que ampara actividades ilegales.
La compañía minera Poderosa, que opera minas de oro en Pataz, confirmó que los 13 trabajadores secuestrados hace una semana fueron "cruelmente asesinados por los criminales aliados a la minería ilegal".
En un comunicado, la empresa expresó su "solidaridad con las familias de las víctimas" y denunció que, en total, 39 mineros y trabajadores han perdido la vida en la región a manos de bandas criminales. Según Poderosa, Pataz se ha convertido en un "territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente".
Ante la crisis, los gremios hicieron un "llamado urgente al Gobierno" para que asuma un liderazgo decidido en la lucha contra la criminalidad. Exigen una política pública coherente que combine represión del crimen organizado con una formalización minera "genuina, transparente y sostenible".
Críticas al Estado y al Reinfo
Los gremios firmantes del comunicado, que incluyen a ADEX, CCL, Perú Cámaras, SNI, CGTP, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, condenaron el "alarmante grado de violencia e impunidad" en Pataz.
Según su comunicado, la masacre es la "consecuencia directa" de la falta de una política estatal efectiva contra el crimen organizado y del mantenimiento del Reinfo, un registro que, lejos de promover la formalización minera, "ha permitido durante años la expansión de actividades ilegales".
Poderosa también señaló al Ministerio de Energía y Minas, específicamente a la Dirección General de Formalización Minera, por no atender los pedidos de exclusión de mineros informales e ilegales de sus concesiones.
Asimismo, criticó al Congreso por las "reiteradas ampliaciones" del Reinfo, que han servido como un "manto protector" para actividades ilícitas, calificando el proceso como un "fracaso total".
Demandas de Acción Urgente
Ante la crisis, los gremios hicieron un "llamado urgente al Gobierno" para que asuma un liderazgo decidido en la lucha contra la criminalidad. Exigen una política pública coherente que combine represión del crimen organizado con una formalización minera "genuina, transparente y sostenible".
"No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad", afirmaron.
Poderosa, por su parte, instó a las autoridades a replantear su estrategia, destacando que la Policía debe interdictar las bocaminas ilegales, cuyas ubicaciones están "plenamente identificadas y georreferenciadas". La empresa advirtió que sin estas acciones, derrotar a las bandas criminales será imposible.
Violencia en Pataz
Pataz, una de las principales zonas mineras del Perú, enfrenta desde hace años una creciente influencia de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. A pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia y la presencia militar en la región, la violencia no ha disminuido.
Los gremios destacaron que no solo los trabajadores mineros, sino también empresarios y emprendedores de diversos sectores, enfrentan amenazas y agresiones constantes.
Además, el comunicado señala que el Perú requiere un "Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal".
La última masacre en Pataz no es un hecho aislado. El sábado, en la misma provincia, una emboscada contra trabajadores del campamento minero Aracoto dejó ocho heridos, incluyendo dos policías, quienes fueron evacuados en helicóptero.
La Policía Nacional reportó que el ataque ocurrió cuando los trabajadores y agentes ingresaban a la planta procesadora de la minera Caravelí, en el Centro Poblado de Jucusbamba, distrito de Tayabamba.
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José Flores Periodista
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