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por Oswaldo Palacios
·Gobiernos regionales y gremios lamentaron y criticaron al Congreso y al Ejecutivo por normalizar la impunidad y mostrar pasividad frente al avance del crimen organizado en el país.
La compañía minera Poderosa confirmó la muerte de 13 trabajadores que habían sido secuestrados por mineros ilegales y criminales el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, región de La Libertad, y que fueron hallados muertos este domingo. El hecho violento ocurrió pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte y la presencia de un importante contingente policial.
La compañía extractiva advirtió que, con este crimen, ya son 39 los mineros y trabajadores asesinados por bandas criminales que "han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente".
Piden la intervención de las Fuerzas Armadas
En un comunicado, hizo un llamado urgente al Gobierno para que replantee su estrategia frente a la criminalidad y logre la captura de los delincuentes que operan en Pataz. "Para ello, hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial", indicó.
No obstante, señaló que no será posible derrotar a la delincuencia si la policía "sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales, y cuya ubicación está plenamente identificada y georreferenciada".
El avance de la minería ilegal y los crímenes también han generado preocupación en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que solicitó al Poder Ejecutivo convocar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz.
En ese sentido, la ANGR pidió también "la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar permanente en la zona, y una investigación integral a cargo de una fiscalía especializada para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre".
"Cerremos filas contra la minería ilegal"
Por su parte, el colectivo País Seguro sostuvo que esta "ola criminal" vinculada a la minería ilegal en distintas regiones del país buscan establecer zonas liberadas para apoderarse de concesiones y operaciones mineras formales.
"El asesinato de 13 trabajadores en Pataz no debe quedar impune. Cerremos filas contra la minería ilegal, que deja a su paso muerte y destrucción", enfatizó.
Otras organizaciones como Capitalismo Consciente Perú, el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) y L+1 lamentaron el avance del crimen organizado en un momento en que "el Congreso desmonta instituciones y normaliza la impunidad, mientras el Ejecutivo permanece pasivo y sin rumbo".
En un pronunciamiento, consideraron que lo ocurrido en Pataz "es el síntoma brutal de un país que se descompone entre la indiferencia ciudadana, la inacción del Estado y la captura criminal de territorios".
En ese contexto, hicieron un llamado a la sociedad civil a "despertar, actuar y ejercer un liderazgo que comience por exigir —con convicción y firmeza— a las autoridades acciones inmediatas, concretas y sostenidas".
"No solo para castigar a los responsables, sino para proteger a la población y recuperar los territorios donde el crimen ha desplazado al Estado", expresaron, añadiendo: "la democracia no se defiende sola. Ni la vida, tampoco".
"La población merece un Estado que proteja los derechos humanos"
Una posición similar ha sido adoptada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para recuperar el orden institucional y restablecer la seguridad en las zonas mineras de Pataz.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por el predominio territorial que vienen logrando estos grupos ilegales a través de la violencia, pese al estado de emergencia establecido por las autoridades y al despliegue policial en la zona", manifestó.
El gremio exigió a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— resultados concretos de las acciones emprendidas para garantizar el bienestar y la seguridad de los trabajadores mineros y de la ciudadanía en general.
"Estas muertes, al igual que los demás crímenes cometidos contra la ciudadanía, no deben quedar impunes. La población peruana merece un Estado que proteja los derechos humanos y proporcione un entorno seguro para forjar nuestro desarrollo", añadió.
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Oswaldo Palacios Portadista
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