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La minera Poderosa consideró que las reiteradas ampliaciones del Reinfo en el Congreso "han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente".
Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores que fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en la provincia de Pataz, la minera Poderosa cargo responsabilidades tanto sobre el Ministerio de Energía y Minas como el Congreso de la República por no haber actuado a tiempo para que se puedan evitar estos ataques.
Mediante un comunicado, Poderosa precisó que la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas "sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retiarar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción".
Asimismo, indicó que el Congreso, con sus reiteradas ampliaciones del Reinfo, "han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso".
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Ataques reiterados
Este no es el primero de los ataques contra la minera Poderosa. No obstante, en el comunicado puntualizó que, pese a los retierados pedidos, "la Policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actuan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada".
Además, hizo hincapié en que "lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilicita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte".
Finalmente, pidió al Gobierno, a la empresa privada y a la sociedad civil aunar esfuerzos a fin de enfrentar la minería ilegal antes de que resulte demasiado tarde.
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