Manuel Pulgar Vidal considera que se corrigen desaciertos de ley 1090, pero advierte sobre riesgos en decreto 2959.
El presidente de
"Se mantienen errores de fondo por ejemplo, no se garantiza el acceso de la micro y pequeña empresa al aprovechamiento forestal. El Consejo Nacional Forestal ya no ha sido incorporado como parte de una política de transparencia en las decisiones", indicó en Ampliación de Noticias.
Para el parlamentario,
Al respecto, el presidente de
"Esta propuesta de ley 2958 lo que hace es restituir casi al nivel original de la ley forestal, ley 2000 y en ese sentido, creo que es bueno. La propuesta que ha preparado el congresista Najar, pero probablemente allí hay un problema de temporalidad. Creo que sería demasiado venturado que hoy se intente discutir toda una ley forestal", indicó.
Asimismo, manifestó que el decreto 2958, el que fuera enviado por el Poder Ejecutivo, sí tiene un propósito de enmienda de los puntos cuestionados en la ley 1090. "La aprobación del 2958 va ayudar", indicó, aunque manifestó que la mejora de la normatividad forestal no ha concluido.
Riesgos del decreto 2959
Sin embargo, el especialista en temas ambientales manifestó que el proyecto 2959 advirtió tiene aspectos que implican un retroceso en lo que se había avanzado en protección genética y conocimientos tradicionales.
"El sistema de patente de los Estados Unidos permite patentar el aislamiento de un gen, o sea el componente activo de la ayahuasca si se aísla es un invento cosa que en el Perú nunca se permitió. Con la modificación ahora sí se permitiría que se patente el aislamiento de un gen, lo que desde mi punto de vista no es adecuado", señaló. Según indicó, ello es la base para que el tema de los transgénicos no tenga una limitación.
En tal sentido, manifestó que debemos ser "más defensivos" en los temas de propiedad intelectual y tradicional.
Por su parte, el presidente de
Indicó que los cambios buscan la titulación de las tierras, que dijo es necesaria en las zonas fronterizas con Brasil. Asimismo, su asociación exige que el Estado no regule "lo que nosotros reforestamos" ni se tenga que se le tenga de retribuir por las cosechas en su territorio
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