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por Redacción RPP
·Los parlamentarios aprobaron por mayoría un dictamen para establecer medidas dirigidas a la lucha contra la criminalidad.
Por unanimidad (91 votos), el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que propone establecer medidas para una lucha contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La representación nacional decidió exonerar de segunda votación siendo el resultado por unanimidad (85 votos).
El legislador Luis Aragón Carreño (AP), indicó que su propuesta plantea la reestructuración disponiendo que la secretaría general del Ministerio del Interior en coordinación con la secretaría ejecutiva de la Policía Nacional del Perú realice una evaluación del Estado situacional del sector interior.
El congresista Eduardo Salhuana (APP) propuso una disposición complementaria que declara de emergencia de la Policía Nacional del Perú por un plazo de 180 días calendario y encargar al Poder Ejecutivo realizar las gestiones que correspondan para dotarlas de equipamientos, servicios y otros recursos logísticos, así como el mejoramiento de su infraestructura que le permita luchar contra la criminalidad a nivel nacional. Sin embargo, su pedido no fue atendido.
Por su parte, el parlamentario José Williams Zapata (Avanza País) propuso que la PNP debe estar orientada a la parte operativa y administrativa, así como la inteligencia y la investigación policial deben ir de la mano y ser firmes en la tarea el entrenamiento.
Héctor Valer Pinto (SP), señaló que la Policía Nacional requiere de una norma que pueda facilitarle una reorganización total y darle facultades normativas al Ejecutivo.
Alcances de la propuesta
El dictamen aprobado tiene por objeto establecer medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana, disponiendo medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizando los recursos públicos, agilizando procesos operativos y priorizando la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial.
Además, autoriza la intervención inmediata y oportuna del Ministerio del Interior, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para que, durante el estado de emergencia, realicen las contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas, a fin de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad organizada.
Igualmente, faculta a la Contraloría General de la República realizar el control concurrente correspondiente a las adquisiciones que realicen tanto el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo dispuesto por la presente ley.
También se dispone el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial, autorizado por la Ley 32197, para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana y dicta otras medidas.
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