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De acuerdo con Martín D’Azevedo García, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal (IPEGEM), el Ejecutivo debe ‘aterrizar’ las normas sobre la seguridad ciudadana para que las municipalidades puedan lograr sus objetivos contra la delincuencia.
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que le brinda al Ejecutivo las facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, una decisión que “debe aterrizarse”, según Martín D’Azevedo García, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal (IPEGEM).
En diálogo con RPP Noticias, el experto asegura que se debe trabajar hacia un “círculo virtuoso” en el que se propongan objetivos y recompensas, principalmente a las municipalidades para empezar a combatir la delincuencia en nuestro país.
“Esto se debe aterrizar -como se dice coloquialmente- en las municipalidades con normas que el Ejecutivo emita y que facilite la labor en el tema de la seguridad ciudadana y del tránsito y vialidad, para efectos de que las municipalidades ahora puedan tener mayores incentivos de los que hasta ahora se les ha estado dando en otras materias”, menciona a Ampliación de Noticias.
“En municipios tan sumamente poblados como San Juan de Lurigancho -que es el segundo distrito poblado más grande de Latinoamérica- darle incentivos por cumplimientos de metas, que mejoren su recaudación y que mejoren sus ingresos, puede generar efectos de seguir en un círculo virtuoso contrarrestando el delito y acompañando al Ministerio del Interior”, señala.
Según el experto, este creciente dinero que se pueda obtener facilitaría la obtención de expertos en la elaboración de expedientes técnicos y contrataciones. “En materia de seguridad ciudadana también se contrata, se necesitan recursos, camionetas, motos, etc. y eso pasa porque después se entrampa el tema. No se visualiza que ellos no tienen la posibilidad de contratar mejores y mayores profesionales si no tienen mejores recursos”, refiere.
“En el mercado hay (especialistas). En Lima Metropolitana hay. El Gobierno nacional, a través de los ministerios, paga muy bien a ese nivel de profesionales. Las municipalidades no, porque no tienen los recursos suficientes. Sería bueno que, a partir de ahí, a través de un plan y una estrategia nacional, la seguridad ciudadana se comience a contrarrestar porque todos estaremos imbullidos en el tema”, añade.
Capas de responsabilidad
De acuerdo con D’Azevedo, no toda la responsabilidad del aumento de la delincuencia a nivel nacional, además de la falta de acciones, se deben a las municipalidades distritales.
“No olvidemos que estamos en un año de cambio de gestión. Lo que ocurre es que en la práctica la municipalidad no puede encabezar un tema de patrullaje integrado, si es que no tiene un convenio con la Policía. Por mucho que sea entre instituciones del propio Estado, tiene un costo: hay que asumir la remuneración de los policías que trabajan en sus horas de franco, la posibilidad de tener la mayor cantidad de policías puestos al servicio de la municipalidad. Ahí los alcaldes pasan a un segundo plano de responsabilidad”, ejemplifica.
“Hay que tratar de motivarlos y, a partir de determinadas intervenciones que sí pueden hacer con los serenos, tener mayores rentas. Así podrán acompañar mejor el patrullaje integrado a la Policía. Siempre serán el Ministerio del Interior y el Gobierno nacional como encargados de la fuerza pública y la seguridad interna”, recuerda.
Finalmente, señaló que existe actualmente un plan hecho por el Ministerio del Interior en el 2019 que podría ser utilizado como punto de referencia para la toma de acciones a nivel nacional. "Ese plan, por algún motivo, no está siendo financiado ni implementado. Yo asumo de buena fe que el Ejecutivo, con esta atribución y facultades que le acaba de dar el Congreso, va a coger parte de este plan donde ya está el estudio y el diagnóstico hecho, las zonas de incidencia delictiva a nivel nacional en las 1874 municipalidades, con la finalidad de contrarrestar el delito", finaliza.
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Leonardo Ancajima Redactor
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