El secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas, Renzo Chávez, indicó que el Ejecutivo y el Congreso tienen una visión similar respecto del manejo de la información respecto de casos de corrupción. Añadió sobre el peligro que representa el proyecto del Gobierno para el derecho a la información de la ciudadanía.
Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), consideró que el proyecto de ley del Ejecutivo que busca sancionar la difusión de información reservada en una investigación fiscal tiene como cerrar todas las fuentes periodísticas en cuanto a los casos de corrupción que involucran a altas autoridades.
En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Chávez manifestó que, si bien la iniciativa aún no aparece en el portal de proyectos del Congreso, una vez ingrese va a tener “una vía rápida para ser aprobado”. Según explicó, en febrero último la comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un proyecto que modificaba el Código Penal para penalizar la difusión de información.
Advirtió que dicho grupo de trabajo es liderado por la legisladora Gladys Echaíz, quien es una de las voceadas a ser la próxima presidenta del Congreso. En esa línea, sostuvo que es posible que la iniciativa del Ejecutivo se acumule con la del Parlamento, por lo que señaló que la postura de ambos poderes respecto a este tema no es diferente.
“En febrero la comisión de Justicia y Derechos Humanos dijo vamos a penalizar la difusión de la información ahora el Ejecutivo dice vamos a penalizar filtración de esta información. Nos quieren cerrar todas las fuentes”, sostuvo.
“Estamos esperando que esta propuesta suba al pleno, porque es lo que continúa, ya aprobada en comisión y lo que asumimos es que esta propuesta salida del Ejecutivo se acumule con esta ya prexistente desde la misma comisión”, añadió.
Derecho a la información
El secretario general de la ANP indicó que la iniciativa del Ejecutivo pone en estado de vulnerabilidad a las fuentes, algo que va en contra de lo planteado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto de proteger a quienes faciliten información.
Según precisó la ciudadanía tiene el derecho a estar informada en cuanto a casos que involucren a funcionarios que incurran en actos de corrupción y que ya existe jurisprudencia respecto a la difusión de información privada cuando está en juego el interés público o un tema que afecte o tenga repercusión directa en la sociedad.
Añadió que la difusión de esta información ha permitido que se conozca las tramas de diversos casos como ‘Los gánsteres de la política’, ‘Los dinámicos del centro’, ‘Cócteles’ o ‘Los cuellos blancos del puerto’. En esa línea, añadió que la ciudadanía tuvo un rol importante en las decisiones judiciales respecto de algunos de estos procesos.
“Todos los casos de corrupción en los que la ciudadanía está teniendo una participación activa, hay movilizaciones que están generando decisiones que están repercutiendo en el accionar justamente de la Fiscalía y el Poder Judicial, han sido logradas gracias a que, a través de los medios de comunicación se ha difundido esta información que surge también de colaboraciones eficaces”, sostuvo.
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