El alcalde de Monsefú, Miguel Bartra, es uno de ellos. Fue notificado para que entregue dos armas con licencia vencida, pero argumentó haber sido víctima de robo.
A cuatro días de vencer el plazo para la entrega voluntaria de armas de fuego con licencia cancelada ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el número de atenciones empezó a incrementarse en la sede, situada en Chiclayo (región Lambayeque)
El intendente regional, Jorge Calmet, manifestó que hasta la semana pasada solo acudían cinco personas por día; pero ahora lo hacen entre 30 a 35 personas. Todas buscan internar sus armas y en otros casos poner de conocimiento que fueron robados.
Algunos de los interesados indicaron que no acudieron con anterioridad, por razones laborales y en otros casos, porque recién tomaron conocimiento. “Estoy cumpliendo, porque fui notificado en mi domicilio y además hace muchos años, no la uso. Entrego la escopeta para poder lograr un nuevo permiso”, dijo el ciudadano, Néstor Alburqueque Villanueva.
Pese a ello, Calmet refirió que aún falta entregar un estimado de cinco mil armas de fuego y además expresó su preocupación, puesto que hasta el momento 100 personas comunicaron que ya no las tenían por haber sido víctimas de robo.
Sobre este último punto, explicó que se les abrirá un proceso administrativo y dependiendo de los descargos que realicen, se determinará su inhabilitación para portar armas y también una denuncia penal; puesto que debieron informar a Sucamec, dentro de las 48 horas de registrado el ilícito.
Alcalde. Uno de los casos corresponde al alcalde del distrito chiclayano de Monsefú, Miguel Ángel Bartra Grosso. Fuentes de RPP hicieron llegar una notificación que realizó personal de la comisaría sectorial, donde le solicitan que interne dos pistolas, en cumplimiento a las normas establecidas.
Sin embargo, la autoridad argumentó que fue asaltado en su domicilio en dos oportunidades; por lo que ya no las tiene en su poder. Añade que presentó las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional.
Al ser consultado, Calmet evitó pronunciarse de manera específica sobre el tema; pero enfatizó que la ley se aplicará sin distinción alguna.
Comparte esta noticia