Los eternos cultivos cocaleros

En una conferencia de prensa en mayo de este año, Carmen Masías, presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) sostuvo que “queremos que al 2021 haya una reducción del 50 % del espacio cocalero en el Perú”. En aquella ocasión, Masías presentaba la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021.

Es un objetivo ambicioso porque, después de Colombia, Perú es el segundo país con mayores cultivos de hoja de coca en el mundo: 55 mil hectáreas registradas al año pasado, según Masías. O una imagen equivalente: 50 mil 925 canchas de fútbol plantadas de coca.

El optimismo es llamativo si se toma en cuenta que en los últimos quince años lo máximo que se redujo en áreas de cultivo cocalero fue un 35.5 %, si se toma de referencia lo plantado entre el 2011 y 2015, unas 22 mil 176 hectáreas.

¿Cómo han evolucionado las plantaciones de la hoja de coca en el país? RPPData analizó las estadísticas de Devida sobre estos cultivos en trece zonas entre el 2002 y 2015, y los resultados no son alentadores. Por ejemplo, si bien entre el 2008 y 2015 las hectáreas de cultivo se redujeron de 56 mil 60 a 40 mil 277 –es decir, en 28 %– durante ese mismo periodo aumentaron en siete valles y solo disminuyeron en cinco.

Las zonas con mayores reducciones fueron el Alto Huallaga, en las regiones de San Martín y Huánuco, con 94 % y Aguaytía, con 88 %. Putumayo es un caso de alza: aumentó en 617 %; es decir, mil 116 hectáreas. A la lista se suma Kcoñispata, con mil 32 hectáreas –346 % de plantaciones más de las que tenía en 2008–, y el Marañón, con 159 %.

El siguiente mapa interactivo detalla las cifras por valle y por años. Un incremento constante se produjo durante el segundo gobierno del expresidente Alan García: cuando asumió el mando en 2006, Perú registró 51 mil 416 hectáreas, y cuando lo dejó en 2011, el incremento llegó a 62 mil 453.

Este último año fue el pico histórico de las plantaciones de hoja de coca en el Perú.

Ilegalidad por descarte

Solo el 17 % de toda la producción de hoja de coca peruana en 2016 es legal. Lo dice el documento Monitoreo de Cultivos de Coca (UNODC, 2016). Los demás cultivos son considerados ilegales porque sus dueños no están inscritos en el padrón de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y, por ende, no hay forma de monitorear el destino de sus plantaciones.

El más grave problema de esta arista es que debido a la Ley 22095, el padrón de productores cocaleros no puede ser actualizado y los datos que contiene datan de 1978: tiene 34 mil 464 inscritos. De ese total, solo 8 mil 630 productores le venden su coca legal al Estado.

Masías dijo en una entrevista con RPPData que “no se trata de empadronar a todo el mundo, sino de hacer un ‘catastro’ para ver dónde están ubicadas las parcelas de coca que se venden a Enaco y actualizar también este padrón”.

Los principales ingresos de esta empresa nacional en 2016 fueron por la venta de hoja de coca a compañías nacionales y extranjeras por unos 10 millones de dólares.

De acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Devida de 2013, el mercado legal de la hoja de coca alcanza en promedio las 10 mil 780 toneladas al año. Enaco tiene el 17 % del mercado, mientras que la diferencia está a cargo de comerciantes informales.

Hoy por hoy el precio de la hoja de coca a la empresa nacional es de 2.4 dólares, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Este monto es 1.7 dólares menos que el ofrecido en el mercado ilegal y un dólar más que el cacao del Monzón en el Alto Huallaga.

Las compras de Enaco a los agricultores cocaleros son menores en estos tiempos si se compara con unos quince años atrás, en 2002. La caída más notoria en la adquisición de coca legal se dio en el gobierno de Ollanta Humala.

El negocio del narcotráfico

Perú produce unas 400 toneladas de cocaína al año y mueve en el mercado, según la procuradora anticorrupción Sonia Medina, el equivalente al 2 % del Producto Bruto Interno (PBI). Este porcentaje bordea los 3 mil millones de dólares y representa casi la mitad de lo que el Gobierno peruano invierte en educación. De estas 400 toneladas, la Policía incauta el 4 %. Si cada kilogramo cuesta 70 mil dólares en sus puntos de consumo (según Devida), las ventas de esta droga podrían llegar a los 26 mil 800 millones de dólares al año.

Haciendo cálculos, en los 10 minutos que toma leer este reportaje se vende en el extranjero una cantidad de droga producida en el Perú valorizada en medio millón de dólares. La cifra es alta porque la mercancía se comercializa en el exterior. Si la venta fuera en el Monzón, lo ganado alcanzaría los 460 millones dólares, y en Lima, cerca de 2 mil millones dólares.

Más del 70 % de la hoja de coca que se utiliza en la producción de droga proviene de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Esta zona, además de violenta, ha tenido las cifras más altas de hectáreas de cultivo: solo entre el 2002 y 2012 sus plantaciones aumentaron en 41%; es decir, de 14 mil 170 a 19 mil 965 hectáreas.  

En la lucha contra el narcotráfico, Perú gastó mil 355 millones de dólares en los últimos cinco años, dinero similar al presupuesto 2017 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Solo en 2016 el gasto fue de 293 millones de dólares y más del 80 % del dinero se destinó a tres rubros: 103 millones para la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, 85 millones para el control de la oferta y unos 51 millones de dólares en desarrollo alternativo. Ese mismo año, Perú registró 55 mil hectáreas de hoja de coca, casi el equivalente a la cantidad de plantaciones que el país tuvo hace ocho años.

La estrategia sudamericana

Colombia, Perú y Bolivia son los grandes productores de coca en el mundo. Según la UNODC, estos tres países sumaron en 2015 unas 156 mil 500 hectáreas de cultivo: 96 mil el primero, 40 mil 300 el segundo y 20 mil 200 el tercero. La superficie total del espacio cocalero en Sudamérica supera al área de la Ciudad de México solo en 80 kilómetros cuadrados.

Para combatir al narcotráfico, cada país adopta una estrategia diferente. Colombia dio un paso con el Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como táctica se incluye la erradicación de plantaciones en dos opciones: o bien forzada –a cargo de la Policía y el Ejército–, o bien voluntaria –para quienes opten por cultivos alternativos–. Otra medida es la interdicción. Solo en 2016 el Gobierno erradicó 18 mil 227 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia; sin embargo, el incremento de cultivos sigue siendo constante desde 2012.

En el caso peruano la erradicación alcanzó las 157 mil hectáreas de hoja de coca entre el 2010 y 2016.

En Bolivia, los cocaleros tienen permiso para mantener una superficie de cultivo legal de mil 600 metros cuadrados, un ‘cato’, que genera en promedio los ingresos de un sueldo básico, y que es fiscalizado por el Gobierno a través de GPS. Si un agricultor excede lo permitido, hay una advertencia, luego suspensión y finalmente, erradicación.

Kathryn Ledebur, investigadora y miembro de la Red Andina de Información (RAI), comentó a RPPData que la estrategia boliviana “ha eliminado el conflicto, ha permitido negociaciones con el Estado de manera positiva y no solo una interacción de los productores de coca con las fuerza de erradicación o la fuerza de seguridad del país. Ha creado una cierta legitimidad y ha reducido la cantidad de la coca”. Pese a ello, Ledebur afirma que aún hay áreas pendientes de resolución en Bolivia, como seguir creando condiciones de ciudadanía para los agricultores de coca por parte del Estado, y viabilizar el apoyo de organizaciones extranjeras.

Bolivia mantiene un registro biométrico de los productores de coca y de sus cultivos que se renueva cada dos o tres años. Por el contrario, Perú aún mantiene un padrón de 39 años de antigüedad que deja a miles de cocaleros fuera de la legalidad e intenta replicar la estrategia de erradicación y desarrollo alternativo en el VRAEM –una zona donde los ataques de remanentes senderistas varían en intensidad pero se mantienen frecuentes.

Miles de cocaleros –al mando del controversial dirigente cocalero Nelson Palomino– marcharon en junio hacia Lima para exigir, entre otras cosas, que la lista de empadronamiento cocalero se abra.

Foto de portada: Ministerio del Interior.

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