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Josué Gutiérrez, sin embargo, afirmó que estas denuncias contra la mandataria podrían reactivarse en el 2026, al término de su mandato.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, serán archivadas, al asegurar que a un jefe de Estado en funciones “no se le puede investigar y menos acusar”.
En ese sentido, consideró que el Ministerio Público estaría cometiendo una infracción constitucional.
“El artículo 117 declara plenamente que no se puede acusar a un presidente. Entonces, si no puedes hacerlo, cómo vas a activar el proceso de acusación”, indicó durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP.
“Si el Ministerio Público sienta una posición, es una posición institucional respetable, pero no está aparejado a la norma, a la Constitución, y por eso digo que se hace mal porque innecesariamente empiezas a hacer confrontaciones”, añadió.
Acusaciones se reactivarían en el 2026
Josué Gutiérrez reiteró que las cinco denuncias constitucionales ingresadas por la Fiscalía en menos de 48 horas, entre el 15 y 16 de mayo, “serán rechazadas liminarmente” no porque falte o no sustento probatorio, sino porque no corresponde legalmente procesarlas en este momento.
“¿Quién es el único que puede acusar a un presidente? ¿La fiscal de la Nación? No. ¿La Policía? No. Ninguna institución. Ese atributo está entregado al Congreso de la República, pero a la misma vez se le dice que no puedes aperturar ninguna acusación cuando el presidente está en ejercicio. Entonces, si tú conoces eso, ¿por qué envías al Legislativo las acusaciones constitucionales? Ignorancia supina, puede ser, la otra, el solo propósito de desprestigiar a la clase política y eso es peligroso porque atenta contra la gobernanza”, agregó.
Sin embargo, según explicó, todas las acusaciones podrían reactivarse en el 2026, una vez que Boluarte deje el cargo.
“Todas estas acusaciones se van a activar, no es que estarán archivadas de por vida. Se van a activar apenas la persona deja de ocupar el cargo y el Congreso, el que se instale en el 2026, va a empezar a revisar todos esos casos y empezará a hacer la acusación por los delitos de función. Entonces, eso ya no le corresponde a este Parlamento”, expresó.
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