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por Redacción RPP
·Los abogados Wilfredo Pedraza y Alejandro Rospigliosi y el excanciller Javier González-Olaechea se pronunciaron en RPP sobre los hechos que ameritaron que la Fiscalía interponga dichos procedimientos ante el Congreso de la República. En total son 9 las denuncias constitucionales en su contra presentadas solo por la Fiscalía de la Nación.
La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso cinco denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en menos de 48 horas.
El organismo público interpuso este viernes tres de ellas, vinculadas a los siguientes casos: las cirugías estéticas a las que se sometió en junio de 2023 (presuntos delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo); la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, en el vehículo presidencial en febrero de 2024 (supuesta comisión del delito de encubrimiento personal); y los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Un día antes, el jueves, la Fiscalía informó que formuló otras dos denuncias: por el caso Qali Warma (presunto delito de colusión agravada) y el otro por las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Cusco, así como en la provincia de Lima (presuntos delitos de lesiones leves y graves).
Además de estos cinco procedimientos, el organismo público interpuso anteriormente otras cuatro denuncias constitucionales: dos por las muerte y heridos en el contexto de las protestas sociales, una tercera por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y la última por el presunto delito de cohecho pasivo impropio (caso Rolex).
Reacciones
Para el abogado Wilfredo Pedraza, de las cinco denuncias constitucionales, dos son “graves”. “[La primera es] la situación de los muertos en las protestas al inicio de su gobierno, para definir si ella instruyó u omitió algún comportamiento que pudo haber evitado las muertes, y lo segundo, los temas vinculados a las donaciones que recibió”, señaló en una entrevista con Las cosas como son, de RPP TV.
La defensa legal del expresidente Ollanta Humala expresó dudas sobre que las otras tres denuncias “tengan algún sustento razonable”.
Por su parte, Javier González-Olaechea, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Dina Boluarte, consideró que la jefa del Estado “tiene que responder” a las denuncias “con la seriedad que merece”.
“Estoy seguro de que la presidenta está muy encima de estos procesos que se le han abierto y, conociéndola, irá contestando de forma que le permita la ley”, indicó en el programa Prueba de fuego.
Según el excanciller, “la verdad” en los diferentes casos contra la mandataria “se sabrá en su momento”. “De corazón espero, por el bien del país y de la institución presidencial, que muchas de ellas —en referencia a las denuncias constitucionales— se caigan por falta de sustento”, añadió.
A su turno, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostuvo que la presidenta Boluarte Zegarra no puede ser investigada mientras dure su mandato, pero enfatizó que el Congreso podría utilizar "medios probatorios" para fundamentar una posible moción de vacancia contra la gobernante por la causal de incapacidad moral permanente.
Denuncias constitucionales contra Dina Boluarte presentadas por la Fiscalía de la Nación:
1. Denuncia constitucional por presunta omisión de funciones o abandono de cargo.
2. Denuncia constitucional por encubrimiento personal por el caso Cofre.
3. Denuncia constitucional por un grupo de personas heridas durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
4. Denuncia constitucional contra Dina Boluarte, en su condición de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por delito de colusión por el caso Qali Warma.
5. Denuncia constitucional por enriquecimiento Ilícito y omisión de consignar declaración en documento.
6. Denuncia constitucional por la muerte de 5 personas y un herido durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
7. Denuncia constitucional por delito de cohecho a raíz del caso Rolex.
8. Denuncia constitucional por la muerte de más de 40 personas durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
9. Denuncia constitucional por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.
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