Pasados 15 días de investigación preliminar, lo más probable es que se pida 18 meses de prisión preventiva por ser un proceso complejo, dijo Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima.
Para el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, será difícil que el presidente regional de Áncash, César Álvarez, salga libre de las acusaciones debido a la contundencia de las pruebas que la Fiscalía ha recogido y que motivó que ordene su prisión preventiva.
Como se sabe, la primera autoridad regional ancashina, quien se puso el viernes 16 a disposición de la Sala Penal Nacional, será investigada durante 15 días, bajo detención preventiva por el crimen del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco.
"Pasado los 15 días de las investigaciones, lo más probable es que se solicite 18 meses más de prisión preventiva, tratándose de un proceso complejo", expresó en Ampliación de Noticias.
Explicó que se está en una investigación preliminar que consiste en que la policía, bajo la colaboración del fiscal, esté llevando a cabo una serie de diligencias.
Dijo esperar que durante estas dos semanas la labor de los colaboradores eficaces ayude en esclarecer el caso de lo ocurrido en Áncash. "Los colaboradores eficaces tienen que tener información oportuna y veraz, de hechos que ellos mismos han participado. Yo participé, yo intervine con la participación de tales o cuales personas, tienen que tener información oportuna y veraz", aclaró.
Informó que pasados los 15 días, el fiscal solicitará al juez la continuación de la investigación preparatoria y solicitará la prisión preventiva de las personas vinculadas de una u otra forma a los hechos.
En la prisión preventiva, la audiencia será pública y allí se conocerá las pruebas que sindiquen a los acusados, entre los que se encuentran el alcalde del Santa, Luis Humberto Arroyo y el gerente general del gobierno regional, Hernán Molina Trujillo, hayan incurrido en asociación ilícita y homicidio calificado como autores intelectuales, mediatos o cómplices.
De otro lado, informó que algo similar ocurre en el caso de su provincia Chincha donde a raíz del terremoto se dieron donaciones nacionales e internacionales y no ha pasado nada.
"Hemos solicitado que vaya el Órgano de Control interno de la Fiscalía y se establezca la responsabilidad de aquellos jueces que archivaron muchos procesos", dijo Amoretti.
"El alcalde de Chincha tiene muchas denuncias en su contra en la Fiscalía y no pasa nada", lamentó.
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