Jueces escucharon los alegatos del fiscal, abogados de víctimas, así como de Fujimori para tomar una decisión respecto al recurso que busca anular condena de 25 años de prisión.
"Habiendo concluido las intervenciones de los abogados y del fiscal supremo la sala da por concluida la audiencia y emitirá la resolución que corresponda en el plazo establecido por ley, es decir, dentro de los 30 días a partir de la fecha", sostuvo el presidente del tribunal, Duberlí Rodríguez Tineo.
Dicha Sala Suprema revisó por tres días consecutivos la condena de 25 años de cárcel impuesta a Fujimori por los casos Barrios Altos, La Cantuta y secuestros en el sótano SIE, así como el recurso para anular parcialmente o totalmente dicha sentencia.
En estas audiencias, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde pidió que se modifique en la sentencia la modalidad de "secuestro agravado" a "secuestro simple" a favor de Fujimori.
En el cierre de la argumentación, donde las partes hicieron ataques velados e irónicos a las posiciones de sus contrarios, el abogado Ronald Gamarra leyó todos los nombres de las víctimas y acotó que "detrás de estos crímenes hay seres humanos, cuyas vidas fueron cegadas en un acto criminal".
"Los derechos humanos son ese mínimo indispensable de la dignidad humana, quienes atentan contra ese mínimo, como Alberto Fujimori Fujimori, atentan contra toda la humanidad", subrayó Gamarra al pedir al Tribunal que termine "con un proceso justo e histórico de justicia y compromiso de derechos fundamentales".
A su turno, otro abogado de la parte civil, Carlos Rivera, enfatizó que la matanza de Barrios Altos "marca el antes y después de la guerra antisubversiva" del régimen de Fujimori (1990-2000) y que la masacre de La Cantuta fue "una decisión política del Estado" y la acción de "mayor envergadura" perpetrada por el grupo militar encubierto Colina, autor material de estos crímenes.
Agregó que Fujimori, quien fue sentenciado por ser autor mediato de las matanzas (hombre detrás de un aparato para cometer crímenes), "hizo gala de un poder de carácter político y militar para emitir órdenes" sobre la lucha contraterrorista, así como diseñó el "autogolpe" de Estado de 1992.
Por su lado, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, se dedicó principalmente a refutar los argumentos de la parte civil e insistió en que el ex presidente no debe ser condenado por "indicios" y que "justicia no es condena, sino un debido proceso, es la correcta valoración de la prueba".
Un acalorado Nakazaki también dijo que ni las muertes ni la autoría material de las matanzas son "hechos relevantes" al proceso, ya que solo se juzga si Fujimori ordenó las matanzas. "¡Olvídense de la política!, ¿Cuál es la prueba?", reclamó.
También apuntó que en los casos de secuestro no hubo maltrato probado, al recordar que el periodista Gustavo Gorriti no expresó en su testimonio que tuvo miedo.
El tribunal que revisa la sentencia está presidido por el juez Duberlí Rodríguez e integrado por los magistrados Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra.
Las sesiones se celebraron en el local de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), donde Fujimori está recluido desde su extradición desde Chile en septiembre del 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción. EFE
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