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Betssy Chávez dice estar en tercer día de huelga de hambre seca: "Existen altos riesgos de fallecimiento"

La exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo continúa su enfrentamiento con el INPE.
La exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo continúa su enfrentamiento con el INPE. | Fuente: Andina

Mediante un consentimiento informado, la exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo dio cuenta sobre la medida de fuerza que inició. Asimismo, dijo que un médico del penal le hizo conocer sobre las complicaciones que podría generar en su salud esta huelga.

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La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, anunció este lunes estar en su tercer día de huelga de hambre seca en protesta a un “incumplimiento” por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de extraerla por razones de seguridad del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde está recluida por la investigación, a raíz del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

Así lo hizo saber mediante un consentimiento informado que lleva el membrete del área de Salud Penitenciaria del penal en el que se encuentra. En el documento Chávez Chino señala que adoptó esta decisión de manera “libre, voluntaria y consciente”.

“Hoy 25 de agosto estoy en mi tercer día de huelga de hambre seca debido al incumplimiento del INPE a nuestra extracción conjunta de 3 internas vulnerando nuestra seguridad personal por defender a una gestión que trabaja conjuntamente con Sendero Luminoso desde el Pabellón A del penal de Anexo, bajo acciones ya demandadas públicamente”, se lee en el documento que lleva la firma de Chávez y del doctor Jesús Mejía Torbisco.

Riesgos que le implicaría su medida

En el documento también menciona que el médico del establecimiento penitenciario en el que se encuentra le informó sobre los riesgos y complicaciones que podría generar en su salud esta medida de fuerza.

La exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo señaló que el doctor le indicó que la ausencia de ingesta de alimentos podría acelerar la desnutrición, pérdida de masa muscular y ocasionar un deterioro multisistémico.

“Existen altos riesgos de fallecimiento, sin mantengo esta decisión, declaro que comprendo estos riesgos y aun así, rechazo de manera expresa, cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital. Asimismo, solicito que se me brinde únicamente, medidas de acompañamiento y alivio de síntomas (cuidados paliativos), siempre con respeto a mi dignidad”, se lee en el documento.

Denuncias de Chávez Chino

En julio último, Chávez Chino denunció ser víctima de actos de corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y señaló como responsable de cualquier atentado en su contra la directora del penal Nelly Aquino Guardales.

Chávez indicó que la funcionaria convirtió el penal “en su patio trasero” y que -supuestamente- ha permitido que internas con poder adquisitivo sean las “dueñas” del establecimiento penitenciario a cambio de dádivas. El 15 de julio anunció el inicio de una huelga de hambre. 

El 19 de agosto, la exfuncionaria decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre en el penal donde está recluida y compartió mediante su abogado una carta testamentaria en la que denuncia recibir maltratos físicos y abusos por parte del INPE. Sin embargo, al día siguiente dicha entidad informó que Chávez había levantado su medida de fuerza y se encontraba “con signos vitales estables”.

Dos días después, el 22 de agosto, el INPE informó mediante un comunicado que “no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas” contra Betssy Chávez. Asimismo, indicaron que su pedido para ser cambiada a un penal de Tacna debía ser presentado exclusivamente por ella ante la institución para su respectiva evaluación, a fin de determinar si procede o no.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, indicó que Chávez Chino buscaba “politizar” su situación y que debía respetar y obedecer las reglas que corresponden a todos los internos.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 25 años contra Betssy Chávez así como su inhabilitación por dos años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.

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