CAL anuncia demanda ante CIDH por fallo del TC sobre píldora

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, anunció que presentará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución de la píldora del día siguiente.

El letrado advirtió que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) constituye un grave precedente, no solo porque viola derechos fundamentales de las mujeres, sino porque erosiona la seguridad jurídica del país.

"La sentencia violenta el derecho a la libertad y el derecho a la autodeterminación reproductiva, pero lo más grave es que en la práctica solo afecta a las mujeres de escasos recursos, con lo cual es claramente discriminatoria y está en contra de la esencia de la función de un Tribunal Constitucional", afirmó.

Explicó que el pedido que presentará a la CIDH permitirá que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronuncie sobre este fallo y aclare si la píldora es abortiva o no.

La Corte IDH es el máximo tribunal de justicia de los países adherentes, como es el Perú.

Gutiérrez explicó que la sentencia del TC erosiona la seguridad jurídica porque rompe el principio de no regresividad, que consiste en no retroceder en  los avances que en materia de derechos humanos se han alcanzado.

Tras conocer el fallo, el Ministerio de Salud pidió una aclaración al TC a fin de determinar cuál será el destino de las píldoras que el Estado compró.

Ante este pedido de aclaración, el Tribunal Constitucional acordó en la víspera prohibir al Gobierno la venta del lote que tiene del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), más conocido como la "píldora del día siguiente".

Para el decano del CAL esta "aclaración" es contradictoria, y evidencia que "el TC ha puesto en evidencia que mientras el Poder Judicial tiene el control difuso de la Constitución ellos han decidido tener el control confuso".

"Todo esto le hace mucho daño al propio TC, daño que lamentablemente le han infligido los propios magistrados por su falta de visión institucional y no entender que el fenómeno constitucional es más complejo que pronunciarse sobre las normas contenidas en la Carta fundamental, pues su interpretación debe atender a la realidad viva que es la Constitución, de manera que las sentencias ponderen los efectos sociales, institucionales y también económicos", anotó.