Aunque los principales cuestionamientos a la norma son por el artículo 8 que permite donaciones de armas a los CAD por parte del Estado y "particulares", hay otros artículos que generan preocupación en la opinión pública.
Este lunes 27 de junio, la Comisión de Defensa del Congreso se reunirá para evaluar la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD), aprobada por insistencia el pasado 16 de junio por dicho poder del Estado.
El integrante de este grupo de trabajo, José Cueto, en diálogo con RPP Noticias, señaló que en dicha sesión se verá “si se modifica la norma o se realiza otra” y precisó que, en caso se realice una modificación, ésta sería al artículo 8 de dicha ley.
“De todas maneras, el artículo 8 que es el más controversial, porque es el que da las armas, permite las donaciones. Inclusive (…) mafias del narcotráfico puedan donarles las armas y que los quieran usar como escudos”, sostuvo sobre la ley aprobada dentro de su propia comisión parlamentaria.
Pero no solamente es el artículo 8 el que ha suscitado críticas y alarmas en el Ejecutivo, políticos y organizaciones de la sociedad civil, sino una serie de disposiciones con un potencial peligro para la seguridad nacional.
Polémicas y críticas
Según señala la norma, ésta tiene como objetivo “regular el tratamiento legal” de los CAD y reconocerlas como “organizaciones civiles, pacíficas y democráticas” organizadas dentro “de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país”.
Sin embargo, según señaló el exviceministro del Interior Ricardo Valdez para La República, existen 94 mil centros poblados rurales, según el censo de 2017, y solo 1400 comisarías, por lo cual la cantidad de estos comités armados superaría a los efectivos policiales.
“Estaríamos gestionando la posibilidad de tener 94 mil CAD armados, con personería jurídica para recibir donaciones. Es una locura. Creo que la gente que ha hecho esta norma no se ha puesto a pensar en estas cifras”, comentó para el referido medio.
Justamente, el artículo 8 de la ley señala que los CAD pueden “adquirir por compra o donación de parte del Estado o de particulares” armas de uso civil. Además, el artículo 15 señala que pueden recibir financiamiento del sector privado.
Al respecto, el periodista de RPP Noticias, Fernando Carvallo, cuestionó la naturaleza de esos particulares interesados en financiar armamento para los CAD.
“Ahora bien, ¿qué particulares pueden querer “donar” armas? ¿No serán organizaciones de fachada vinculadas a la minería ilegal, a la tala ilegal o directamente al narcotráfico?”, señaló.
Asimismo, Carvallo cuestionó que el Estado deba brindar asesoría legal gratuita a los miembros de los CAD “involucrados en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales” tal como señala el artículo 13 de dicha norma.
Por otro lado, representantes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) y de la Confederación Nacional Agraria (CNA), señalaron que dicha ley representa una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas. Además cuestionaron que, al considerar a los CAD organizaciones de las comunidades campesinas, se ha pasado por encima de la autonomía de éstas al no haberse realizado un proceso de consulta previa al respecto.
“Según la Constitución, las rondas campesinas, que son democráticas y pacíficas, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad, justicia y paz social en las comunidades. Pedimos que se observe este proyecto”, sostuvo Antolín Huáscar, presidente de la CNA.
Inconstitucionalidad
El pasado 22 de junio, el ministro de Defensa, Luis Gavidia, anunció que el Ejecutivo viene preparando una acción de inconstitucionalidad contra la referida norma.
"Nosotros vamos a ver este tema de inconstitucionalidad porque es muy peligroso, estamos trabajando todavía y tenemos tiempo para (la preparación de) una acción de inconstitucionalidad. (Los congresistas) Quieren que nosotros reglamentemos la ley y ahí corrijamos, pero la ley debe corregirse desde el momento que se dicta", señaló.
Además, Gavidia se refirió a la potestad que otorga la ley a los CAD para realizar “actividades de autodefensa” en distritos que tengan o no una declaratoria de emergencia vigente.
“La ley (…) permite que los comités sean conformados por el Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas), supervisado por ellos y se les entrega armas mientras la situación está en estado de emergencia. Cuándo deja de ser estado de emergencia la zona, se desactiva automáticamente el Comité de Autodefensa (…) Esta ley lo que está tratando es de que haya Comités de Autodefensa en cualquier sitio, esté o no esté en estado de emergencia, en cualquier parte del Perú”, sostuvo.
El mismo día de estas declaraciones, el titular de la Comisión de Defensa del Parlamento, Williams Zapata, anunció la revisión de la ley dentro de su grupo parlamentario, la cual, finalmente, se concretará este lunes.
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