Procuraduría General afirma que en interrogatorio al Presidente "no está facultada a hacer preguntas repetitivas"

Ante lo afirmado por medios de comunicación respecto a que la titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), María Caruajulca Quispe, guardó silencio durante el interrogatorio al presidente Pedro Castillo del último 17 de junio, la institución precisó, a través de un comunicado difundido ayer, que "no está facultada a hacer preguntas repetitivas".

"La PGE agrega que su función es coadyuvar en el esclarecimiento de hechos en las diligencias realizadas por el Ministerio Público, sin embargo, no está facultada a realizar preguntas repetitivas, pues ella daría pie a una objeción por parte del Ministerio Público y/o la defensa técnica del investigado en la modalidad de pregunta repetitiva", señaló el comunicado.

En ese sentido, la institución sostuvo que, conforme al Código Procesal Penal, no son admisibles "las preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado".

Además, el comunicado señala que la PGE "tiene la facultad de denunciar a los altos funcionarios", pero que esa facultad debe sustentarse "en documentos" y que no es suficiente "la información difundida en medios de comunicación".

"En esta línea, se reitera que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, pues tiene el rol persecutor del mismo [...] Además, se precisa que la función primordial de la Procuraduría General del Estado es representar al Estado en los procesos penales con la finalidad de solicitar la mayor reparación civil", subrayó la institución.

Cuestionamientos 

Por otro lado, la PGE precisó que el Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Aníbal Gaspar, actualmente "se encuentra en un procedimiento de verificación de los requisitos para su designación en el cargo".

"Por lo expuesto, en el cumplimiento del mandato expreso de la normativa y realizando las acciones que fueron postergadas por la gestión anterior, las áreas técnicas han sometido al Consejo Directivo de la PGE  [...] la decisión de determinar si el citado Procurador Público cumple o no con los requisitos previstos para ostentar dicho cargo, según el marco normativo vigente".

Además, respecto a la demora de la implementación del Plan de Implementación de la Procuraduría General del Estado (PGE), la institución sostuvo que "se encuentra en elaboración" y que fue "relegado por la gestión anterior" del ex procurador Daniel Soria, quien fue separado del cargo luego de la denuncia que presentó contra el presidente Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias,

"Además, se informa que la gestión anterior no entregó avance alguno del modelo de gestión administrativa con los mecanismos para la incorporación administrativa y presupuestal de las procuradurías públicas", señaló la PGE respecto a la gestión de Soria.

Finalmente, la institución señaló que su titular, María Caruajulca Quispe, "no tiene procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) en trámite iniciados por el Órgano de Control Funcional de la PGE, ni tampoco sanciones impuestas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y/o el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional".