´La pequeña minería informal es dominio de los gobiernos regionales, que son los que deben de actuar. Y eso no lo sabe la población´, expresó en RPP Ricardo Briceño.
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, saludó la decisión de los mineros de la localidad de Chala en Arequipa que decidieron dar una tregua de 48 horas e indicó que con la reapertura de la carretera Panamericana Sur se recuperó un derecho ciudadano al libre tránsito.
En diálogo con RPP sostuvo que el Gobierno debe establecer ahora un diálogo con los representantes de los mineros informales para buscar una salida viable en busca de su formalización.
Sostuvo, sin embargo, que el tema debió haberse resuelto localmente, una tarea que correspondería a los gobiernos regionales, puesto que la minería informal es de dominio de ese estamento del Estado.
"La pequeña minería informal es dominio de los gobiernos regionales, que son los que deben de actuar. Y eso no lo sabe la población. Se genera un vacío y se forma una Comisión de Alto Nivel cuando debería de ser resuelto localmente", expresó.
Reconoció que la demora por parte de las autoridades en atender las demandas de los mineros, pudo haber generado impaciencia pero afirmó que "son sumamente criticables los actos de violencia y la interrupción de carreteras. Actos a los que estamos acostumbrados desafortunadamente".
Briceño remarcó que la minería informal es una actividad ilegal que debe ser controlada por el Estado en conjunción con las autoridades locales, que son las que otorgan permisos que luego son usadas sobrepasando los límites.
Comentó, además, la existencia de azuzadores y agitadores que para mantener una situación de informalidad empujan a la gente a mantener este tipo de acciones violentas.
En diálogo con RPP sostuvo que el Gobierno debe establecer ahora un diálogo con los representantes de los mineros informales para buscar una salida viable en busca de su formalización.
Sostuvo, sin embargo, que el tema debió haberse resuelto localmente, una tarea que correspondería a los gobiernos regionales, puesto que la minería informal es de dominio de ese estamento del Estado.
"La pequeña minería informal es dominio de los gobiernos regionales, que son los que deben de actuar. Y eso no lo sabe la población. Se genera un vacío y se forma una Comisión de Alto Nivel cuando debería de ser resuelto localmente", expresó.
Reconoció que la demora por parte de las autoridades en atender las demandas de los mineros, pudo haber generado impaciencia pero afirmó que "son sumamente criticables los actos de violencia y la interrupción de carreteras. Actos a los que estamos acostumbrados desafortunadamente".
Briceño remarcó que la minería informal es una actividad ilegal que debe ser controlada por el Estado en conjunción con las autoridades locales, que son las que otorgan permisos que luego son usadas sobrepasando los límites.
Comentó, además, la existencia de azuzadores y agitadores que para mantener una situación de informalidad empujan a la gente a mantener este tipo de acciones violentas.
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