Indicó que la acusación constitucional imputa al legislador Omar Chehade de patrocinio ilegal indirecto, pero, no se demanda investigar al supuesto patrocinado, el Grupo Wong.
El congresista Javier Diez Canseco dijo hoy que no asistió a la sesión donde se archivó la acusación contra el legislador Omar Chehade, por un problema de salud, pero consideró que el informe del caso era deficiente y sesgado.
Según el parlamentario, el informe que planteaba el desafuero e inhabilitación por cinco años de Chehade, que trató en la víspera la Comisión Permanente, hacía presumir una “notoria intencionalidad puramente política” y además incurría en varias contradicciones.
Mencionó, entre ellas, que la congresista Marisol Pérez Tello, al fundamentar la acusación, planteó que el Poder Judicial resuelva dudas existentes, por considerar que no existen pruebas; sin embargo, en el juicio político plantea su inhabilitación por 5 años.
“Tamaña contradicción resulta inaceptable y evidencia la debilidad del sustento jurídico de la acusación”, argumentó.
Indicó que la acusación constitucional imputa al legislador Omar Chehade de patrocinio ilegal indirecto, pero, no se demanda investigar al supuesto patrocinado, el Grupo Wong.
“Como es evidente, el patrocinio ilegal requiere dos partes: el que obtiene los beneficios y el que los procura. En este curioso caso, todo se centra en una parte mientras, prácticamente, se ignora la parte principal, los beneficiarios”, afirmó.
Refirió que el estudio que defiende al Grupo Wong, según precisara el congresista Jaime Delgado, es encabezado por un ex congresista fujimorista, y que –según dijo- constituye uno de los bufetes legales más grandes del país.
También indicó que los tres generales de la Policía Nacional interrogados en la Comisión de Ética, incluido al General Arteta, declararon que no se les solicitó en el referido almuerzo con Chehade, ningún desalojo de Andahuasi.
Diez Canseco destacó la importancia de la renuncia de Omar Chehade a la segunda vicepresidencia, y la sanción que Gana Perú votó, mayoritariamente, de 120 días de suspensión, que evidencia su disposición a enfrentar sus errores políticos y éticos.
“Mientras tanto hay personajes que ni siquiera se presentan al Poder Judicial para escuchar su sentencia y que votan en la Comisión Permanente, por sancionar a otros”, agregó.