Trabajadores públicos | Fuente: Andina

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A medida que se acerca la proclamación de los congresistas electos y su entrada en funciones se van precisando algunos temas de fondo a los que tendrán que consagrarse. Esperemos que no aparezcan otros motivos de distracción, como el anunciado retiro del resguardo policial, que además de distraer deja el sabor de un gesto hostil hacia bancadas que hace poco dialogaban con el presidente de la República. Todos los partidos hicieron campaña en torno a la lucha contra la corrupción, la reforma política y la reforma judicial. Y todos saben que tendrán que aprobar una ley antes del 12 de abril si quieren ampliar el plazo para introducir modificaciones legales al marco normativo de las elecciones del 2021. Pero entretanto, el gobierno ha seguido emitiendo decretos de urgencia que tendrán que ser revisados por el próximo congreso. La mayor parte de ellos han merecido un amplio consenso, pero algunos vienen dando lugar a denuncias y amenazas de huelga. Es sobre todo el caso del DU 014-2020, el que regula el marco normativo de la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Diversos dirigentes sindicales han presentado el cuadro negro de un gobierno insensible que quiere despedir arbitrariamente y reducir derechos a quienes trabajan en el Estado. Más probable es que se trate de exactamente lo contrario: poner orden en un sistema laboral complejo y contradictorio que ha abierto la puerta a la arbitrariedad, la desigualdad y la corrupción.

El caso más emblemático es quizás el de la municipaldad de Chiclayo, dirigida es cierto por varios alcaldes que han terminado en la cárcel. Cuando comenzó la función del actual alcalde, hace trece meses, contaba con una deuda de 140 millones de soles, generada por los llamados “beneficios sociales”, concedidos por funcionarios que sabían que tenían mucho de qué hacerse perdonar. Esa entidad pública cumple uno de los rasgos más frecuentes de la inercia y la falta de control: el 57% de su presupuesto se destina a gastos de personal, un porcentaje importante del cual ha sido reincorporado por cuestionadas decisiones de jueces bajo sospecha. Pero la municipalidad de Chiclayo es también ejemplo del abuso administrativo con el dinero público: lactancia materna hasta que el niño cumpla 7 años, herencia del puesto dejado por un jubilado, horarios reducidos, bonificaciones múltiples, subvenciones para celebraciones, etc. Es manifiestamente necesario que la función pública se reorganice con criterios de meritocracia y productividad.

¿Por qué tanta oposición a que el Ministerio de Economía juege un papel en las negociaciones colectivas y que vele por el uso correcto de los fondos públicos? La Defensoría del Pueblo ha aportado moderación al convocar a un conjunto de laboralistas. Esperemos que las huelgas anunciadas, la demagogia populista y los intereses de algunos árbitros no seduzcan a parlamentarios novatos, cuyos partidos actuarán con la mirada puesta en las elecciones del 2021.

Ha pasado desaparecibida la conmemoración de los 25 años de la firma de la Declaración de Paz de Itamaraty, que puso fin al último conflicto armado externo que nuestro pais haya conocido, la llamada guerra del Cenepa. La Declaración fue respaldada por los cuatro garantes del Tratado de Río de Janeiro, aunque el presidente de uno de ellos, Argentina, actuase de manera desleal durante la guerra, vendiendo armas a Ecuador. La Guerra del Cenepa es un episodio más de una larga historia de hostilidades que remontan a la confusa demarcación heredada de la época colonial. La paz se consiguió con el sacrificio de vidas humanas en las líneas de fuego y profesionalismo en el frente diplomático. Lo que encontramos 25 años después es que los dos pueblos se entendían muy bien, como lo prueba la alta tasa de matrimonios mixtos en la región norteña y en particular en zonas de frontera. Es difìcil decir que se ha ganado una guerra, pero debemos celebrar que los dos países hermanos hayamos ganado la paz.

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