Eloy Espinosa-Saldaña: El fallo del TC sobre ley de cuestión de confianza distorsiona dicho mecanismo

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, se pronunció este jueves sobre la decisión del colegiado en cuanto a la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31355, aprobada en el Parlamento, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Carta Magna.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el tribuno señaló que con esta norma se limita al Ejecutivo respecto de su capacidad de plantear la cuestión de confianza, mediante una ley ordinaria y casi sin debate, pese a que consideró que este tema debió deliberarse con profundidad en el Legislativo, debido a su importancia.

Eloy Espinosa-Saldaña precisó que con esta norma el Legislativo puede determinar sobre qué el Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza y en esa línea, denegarla en caso considere que no aplica para los casos correspondientes o que solo estén referidas a la concreción de su política general de Gobierno.

“(Lo) que dice la ley es que el único que determina si hay cuestión de confianza denegada es el mismo Congreso; o sea, que el Congreso puede hacer esperar dos años para resolverte o puede resolverte en sentido contrario, pero mientras no dice que te lo ha denegado, denegado no está. Para mí, con todo respeto, es absolutamente inconstitucional”, señaló.

“Yo no puedo usar la cuestión de confianza para buscar violar derechos fundamentales, por ejemplo, yo no puedo usar la cuestión de confianza para quitarle la competencia a unos órganos. Hay límites que son reconocidos por toda la doctrina comparada, pero lo que se está planteando ahora respecto a las posiciones del Congreso y de mis colegas, es una distorsión de la cuestión de confianza”, añadió.

Riesgo a la democracia

Eloy Espinosa-Saldaña señaló que él es respetuoso de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, pese a que discrepa de la misma. Añadió que actualmente no queda ninguna opción desde el Ejecutivo para revertir la decisión del máximo intérprete de la Constitución, pues la demanda que plantearon iba por la norma y el fondo de la misma.

Añadió que esta situación representa un riesgo para la democracia del país, debido a que la relación entre el Gobierno y el Congreso no está regulada de forma integral en cuanto al tema de la cuestión de confianza y la censura, pues cada una surge desde una posición defensiva, cuando debería primar el diálogo y la tolerancia entre ambos poderes del Estado.

“Mi preocupación es que democracia es diálogo, es tolerancia, es prudencia, pero es sobre todo equilibrio y balance de poderes. No se pueden aprobar este tema de las relaciones Congreso-Gobierno, necesitan una regulación integral y no pensada en cómo me protejo mejor para que no me vaya a caer una disolución o cómo me protejo mejor para que no me caiga una vacancia”, dijo.

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