Las embajadas y delegaciones internacionales de 16 países en Perú indicaron que las enmiendas propuestas por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso restringen la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio.
Las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y países de la delegación de la Unión Europea expresaron este lunes su preocupación a la enmienda de la Ley 27692, referida a la Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y busca supervisar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Mediante un comunicado conjunto, las embajadas y delegaciones internacionales indicaron que estas enmiendas propuestas por el grupo de trabajo a la ley de creación de la APCI restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, señalaron.
El documento fue suscrito por las embajadas en Perú de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Modificación aprobada en Comisión de Relaciones Exteriores
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el pasado 5 de junio, por mayoría, con 12 votos a favor y 1 en contra, el dictamen recaído en los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que proponen modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
El grupo de trabajo sostiene que existen vacíos legales en la Ley 27692 que crea la APCI, que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG. En esa línea, el documento aprobado plantea un marco regulatorio “semejante al de los países que pertenecen a la noticia”.
Así, plantea la modificación de los artículos 4, 5, 21 y 22 de la Ley 27692, los cuales están referidos a las funciones de la APCI, su relación con las entidades del Estado, así como su capacidad para determinar infracciones e imponer sanciones.
Además, propone que se deroguen los artículos 14, 15 y 16 de la norma que tienen que ver con el Comité Consultivo de la APCI, un órgano de asesoría conformado por profesionales y especialistas en materia de cooperación internacional, tanto del Estado como de instituciones representativas de la sociedad civil.
El documento también introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen activismo político. De esta forma se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero “que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), indicó que esta norma busca transparentar y darle garantía a la APCI de que sus recursos sean bien utilizados.
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