Estado privilegia intereses privados sobre colectivos, advierten

El padre Marco Arana, líder del movimiento político "Tierra y Libertad", denunció que el Gobierno privilegia los intereses privados sobre los colectivos y "vilipendia" los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

"La propiedad privada, individual o empresarial es sacrosanta y la de la comunidad campesina es una propiedad que puede ser vilipendiada", dijo al programa "Prensa Libre".

El sociólogo señaló que se deben prohibir las concesiones mineras, toda vez que estas tienen que ver con "grupos de poder".

"Considero que está bien que la propiedad del subsuelo esté en las manos de un Estado, pero de un Estado que sea garante de derechos comunes y derechos privados y no como está ocurriendo ahora que tenemos un Estado que garantiza derechos privados y desprotege derechos colectivos", sostuvo.

El sacerdote, que se describió como un demócrata humanista social cristiano, consideró que la minería, bajo determinadas condiciones jurídicas y controles de fiscalización y ambiental, puede coexistir.

Alertó que en el país existe un tipo de minería que es recomendada como minería limpia, cuando en muchas naciones avanzadas, está prohibida.

Sostuvo que la minería informal no contamina más que la gran minería, debido a que existen aspectos de escalas.

"La minería informal puede remover mil toneladas diarias, mientras que una gran minería puede remover 600 mil toneladas de roca diariamente", agregó tras manifestar que se deben revisar las concesiones otorgadas.

De otro lado, rechazó cualquier tipo de violencia y dijo que aquellos terroristas deben pagar sus culpas y responsabilidades en la cárcel.

Respecto al Anticonceptivo Oral de Emergencia, Arana sostuvo que el Estado debe encargarse de la política pública, por lo que la Iglesia no puede influir sobre el gobierno de turno para que sometan sus decisiones políticas.

Finalmente, aseguró que llegado el momento solicitará la suspensión de sus funciones, pues no pretende hacer uso de su estatus religioso en una campaña política, a fin de que no se genere un conflicto de intereses.