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Gobierno acusa a Doe Run de poner en riesgo reinicio de operaciones

Foto: Difusi
Foto: Difusi

Doe Run presentó un nuevo plan en el que solicita al Gobierno la modificación de un contrato para blindarse ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental, informó el MEM.

El Gobierno acusó hoy a la empresa Doe Run de poner en riesgo, con una nueva propuesta, el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya, situado en el centro del país y paralizado desde hace diez meses.

A principios de mes el ministerio peruano de Energía y Minas (MEM) anunció que la minera Doe Run Perú sería cerrada si la empresa, de capitales estadounidenses, no conseguía financiación para reiniciar sus operaciones en La Oroya.

Sin embargo, Doe Run presentó ayer un nuevo plan de cuatro puntos en el que solicita al Gobierno que modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, para "blindarse" ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental, informó hoy en un comunicado el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

"Lo que la empresa pretende con este pedido es que el accionista principal y las empresas vinculadas sean blindadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidades ambientales, esto debido a que en Estados Unidos tienen denuncias por perjudicar la salud de los niños de La Oroya por el contenido de plomo en la sangre", señaló el titular del MEM, Pedro Sánchez, según el comunicado.

El ministro remarcó que la empresa pide que el Estado peruano la proteja "de cualquier demanda legal, porque incluso solicitaron que estos juicios que están en la corte de Estados Unidos sean pasados al Perú".

Doe Run también pidió que se fraccione su deuda tributaria de más de 270 millones de dólares, que no se apliquen los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, y que se condonen las multas impuestas contra la empresa por diversos incumplimientos.

Al comentar la nueva propuesta, que fue presentada ante funcionarios del Gobierno, autoridades regionales y dirigentes sindicales, Sánchez consideró que se trata de un tema "muy serio", porque perjudicaría al Estado peruano.

Doe Run Perú, que cuenta con unos 3.000 trabajadores, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en el centro del país, desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, y produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.

A partir de la crisis financiera internacional, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.

La firma fue expulsada luego de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento y aún requiere de una inversión de 160 millones de dólares para finalizar.

Doe Run pidió recientemente una nueva prórroga para reanudar sus operaciones, una solicitud que no ha sido bien vista por el Gobierno ni por sus trabajadores, que desde la paralización de las operaciones reciben el 70 por ciento de sus salarios.

La minera ha presentado los activos de su complejo metalúrgico como garantía para cumplir con el PAMA y reiniciar las actividades antes de fines de julio próximo, cuando espera cerrar contratos con los proveedores y su socio estratégico, la suiza Glencore, pero pide una mayor flexibilidad al Gobierno.

EFE

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