Indígenas denuncian la criminalización de la protesta social en Perú

David Velazco, de Fedepaz, denunció que en los conflictos con origen socioambiental ha habido "represión, tortura y detenciones injustas y arbitrarias" de las comunidades indígenas.
Ministerio de Cultura

Indígenas peruanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la criminalización de la protesta social en Perú, algo que el Estado consideró que no corresponde con la realidad actual, y pidieron que se reconozcan sus derechos colectivos.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) expuso el caso de Santiago Mavin, presidente del consejo permanente de los pueblos Awajún y Wampis, quien fue herido durante una protesta en 2009 y se enfrenta a una condena de cadena perpetua acusado de promover la violencia.

El director ejecutivo de Fedepaz, David Velazco, denunció que en los conflictos con origen socioambiental que se han originado en torno a la minería y a la extracción de hidrocarburos ha habido "represión, tortura y detenciones injustas y arbitrarias" de las comunidades indígenas, que se oponen a la explotación de las que consideran sus tierras, sin consulta previa por parte del Gobierno.

En ese sentido, denunció la participación de las Fuerzas Armadas y la declaración de estados de emergencia como "herramienta de control del orden interno en situaciones de conflictividad social", así como la falta de reparación en los casos de heridos o muerte de los manifestantes por el "uso extremo" de la fuerza pública.

El activista hizo referencia a protestas como las de 2012 en la provincia de Espinar, en el sureste de Perú, contra la minera suiza Xstrata; y en la ciudad de Cajamarca, en la sierra norte, convocado por distintas organizaciones en contra del proyecto minero Conga.

"No estamos en contra del desarrollo y la inversión, los necesitamos, pero queremos ser consultados sin daños, nunca nos dicen qué quieren hacer con nosotros y nuestras tierras", lamentó Mavin, que fue herido de bala cuando se disponía a abandonar la protesta que habían iniciado en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La organización pidió garantizar el debido proceso a las personas investigadas y procesadas en el contexto de la protesta social y canales institucionales para que los indígenas puedan participar en las decisiones sobre temas ambientales, ordenamiento territorial y explotación de recursos en las tierras donde habitan.

El Gobierno peruano señaló que el estado de emergencia se da sólo para garantizar la seguridad nacional y "no se puede decir que sea algo sistematizado hoy".

El representante del Estado peruano, Vladimiro Huaroc, señaló que la última declaración de emergencia fue en junio de 2012, si bien admitió que se mantiene en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que justificó por razones de seguridad nacional en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Huaroc subrayó la disposición del Gobierno de atender a las demandas de la población indígena con la instalación de mesas de diálogo, que fueron reconocidas por los activistas, aunque lamentaron su escaso avance.

El comisionado de la CIDH James Cavallaro expresó la "preocupación" por los casos de violencia contra los activistas denunciados, así como por la prórroga del estado de emergencia que ha extendido el Gobierno en algunos territorios del país durante años, porque "cada vez que se autoriza una prórroga es como decretar de nuevo, tiene el mismo efecto", señaló.

En tanto, miembros de las comunidades indígenas del pueblo Achuar, en la Amazonía fronteriza con Perú; de la comunidad nativa de Tres Islas, en Madre de Dios, y del pueblo Kañaris, pidieron al Gobierno peruano que reconozca la "autonomía e integridad" del territorio en que viven, incluyendo los recursos naturales.

El Gobierno peruano, por su parte, solicitó una audiencia voluntaria en la que presentó el Plan Nacional 2014-2016.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila, expuso la "nueva visión" del Gobierno peruano respecto a los derechos humanos con el "firme compromiso" de lograr un país "en paz con bienestar e inclusión", con una sociedad "de derechos y de deberes".

Un plan que no termina de convencer a las organizaciones que consideraron que "no responde de manera integral a la protección de los derecho humanos", según dijo Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), ya que "subordina el cumplimiento y el respeto de la dignidad de la persona al crecimiento de la economía".

EFE