Julio Magán: “INPE se está perjudicando con los bloqueadores” [VIDEO]

El representante de Prisontec, Tito Fernández, le dijo a  RPP Noticias que la demora en la instalación de bloqueadores de celulares en los penales a nivel nacional es responsabilidad del INPE y el Ministerio de Justicia, ya que estos no aprueban el ingresos de sus trabajadores a cada  penitenciarías para completar la implementación.

“Nosotros para iniciar la instalación de los bloqueadores en un penal necesitamos tener un Estudio Técnico Especializado (ETE) aprobado y tenemos seis de ellos por aprobación. Saliendo del penal de Lurigancho no tenemos a dónde ir. En el primer año, cuando teníamos que instalar bloqueadores en 16 penales, el Minjus solo nos aprobó cinco”, indicó.

El jefe INPE, Julio Magán, tiene otra versión. En diálogo con este medio explicó que los estudios técnicos presentados por Prisontec estaban mal hechos y tenían observaciones, lo que hacía imposible su implementación. “Hay algunos problemas o defectos que escapan de nosotros, pero tienen que decirse en los estudios técnicos para garantizarse un buen servicio. Se supone que es un servicio de calidad lo que tiene que ofrecer la empresa Prisontec”, señaló.

AUMENTO DE ENERGÍA

Magán también confirmó que en los penales de Cañete y Huaral, donde funciona al 100% el sistema de bloqueadores, se aumentó la energía eléctrica y esta no ha sido costeada por la empresa Prisontec. 

“Hay un tema que está siendo parte del debate con la empresa y el Ministerio de Justicia, porque nosotros hemos hecho saber que ahora que se está utilizando este sistema, la energía eléctrica se ha duplicado y nosotros la estamos pagando; y le estamos pidiendo a la empresa que asuma el gasto, porque el INPE se está perjudicando con la utilización de este sistema”, finalizó.

El feje del Inpe explicó que el pago del exceso en el servicio de luz es una obligación por parte de la empresa, ya que se supone que este proyecto es “autosostenible” y el Estado no debe asumir ningún tipo de pago.

NUEVO CRONOGRAMA

Sobre el incumplimiento en los plazos del contrato que firmó en el 2014, Fernández indicó que la supervisión que el Ministerio de Justicia puso para el tema de los bloqueadores no tiene experiencia.

“La persona que trabaja dentro del equipo de Proinversión, para diseñar este contrato, se fue al Ministerio de Justicia a tomar la chamba de supervisora siendo economista, no ingeniero electrónica o eléctrico. Esta señora tiene cero experiencias en supervisión. Nunca ha supervisado una obra de ninguna clase. Se llama Ysela Lévano”, expresó el gerente de Prisontec.

Sobre ello, Magán aclaró que el primer cronograma (que señalaba que los primeros 16 penales estarían para octubre del 2015 y los 17 restantes para julio del 2016) ya fue descartado y que se han reprogramado los plazos. Estos indican que para mitad de este año la empresa deberá cumplir con la correcta instalación de 9 penales y de allí en adelante los restantes.

“El primer cronograma ya se perdió. El organismo supervisor que es el Ministerio de Justicia, con los informes del INPE se encargará de aplicar algunas penalidades que tendrá que asumir la empresa (Prisontec)”, dijo.