Global Circuit Ltda. logró un nuevo contrato con el Estado, pese a no brindó un servicio completo en la implementación de bloqueadores en los penales.
La empresa Global Circuit Ltda. (bajo el nombre Consorcio Global Seguridad del Perú) se adjudicó la implementación de grilletes electrónicos en el Perú. Sin embargo, la misma empresa (en aquella ocasión bajo el nombre Consorsio Prisontec) firmó en 2014 un contrato para la implementación de bloqueadores en 33 penales del Perú, el cuál hasta la fecha no habría cumplido, según denunció el diario La República.
La empresa. El Estado adjudicó un nuevo contrato a Global Circuit Ltda, pese a que meses atrás no brindó un servicio completo. En enero de este año, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Minjus dio la buena pro para el nuevo contrato y no ha sancionado a la empresa por incumplimiento en su contrato anterior.
No cumplió acuerdo. El 17 de octubre del 2014, el Consorcio Prisontec (conformado por las empresas Global Circuit Ltda., Global Circuit Perú E.I.R.L. y Teleservicios Populares S.A.C.) ganó la licitación y firmó el contrato con el Minjus por la iniciativa denominada “Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones”. Esta garantizaba que para octubre del 2015 (un año después de la firma del contrato) 17 penales debieron contar con bloqueadores de celulares. Sin embargo, esto no habría sucedido.
Versión de INPE. El jefe del INPE Julio Magán dijo a RPP Noticias que hasta la fecha solo se han implementado bloqueadores en dos penales: Cañete y Huaral. “Estoy preocupado porque no se están cumpliendo los plazos de acuerdo a lo que se señaló en el cronograma. La empresa dice que tienen que resolver unos problemas técnicos, y yo espero que esos problemas técnicos se resuelvan. Yo soy el más interesado de que funcionen los bloqueadores”, indicó.
Nadie asume culpa. Este medio intentó comunicarse con el ministro de Justicia Aldo Vásquez, pero la repuesta fue del coordinador de prensa del Minjus, Yerko Díaz. Este comentó que el INPE es el encargado de responder por el buen cumplimiento de los plazos por parte del Consorcio Prisontec. Ninguna de las dos instituciones ha asumido responsabilidad alguna por el incumplimento de contrato.
Nueva adjudicación. Al ser consultado por la nueva adjudicación de Global Circuit Ltda., Magán dijo que el INPE se dio cuenta de la irregularidad, después que Proinversión dio la nueva buena pro. “Yo no estaba al tanto, nos hemos enterado después. Todo lo maneja Proinversión. El INPE no opina nada. En cuanto más rápido se defina esto, mejor para el INPE”, indicó.
Versión de Proinversión. RPP Noticias se comunicó con el jefe de proyectos en temas penitenciarios de Proinversión, Aldo Laderas, y al consultarle sobre la decisión de adjudicar el tema de lo grilletes a la misma empresa, este confirmó que nunca les llegó información de que el Consorcio Prisontec haya incumplido con el cronograma de instalación de bloqueadores en los penales. “No te sabría decir. Esa información que está dando el INPE (incumplimiento del cronograma del contrato) no la conocemos nosotros. No tenemos ninguna información al respecto”, dijo.
Silencio de Prisontec. El gerente general de Prisontec, Tito Fernández, no ha estado disponible para responder sobre esta situación, pero su secretaria dijo que la empresa no está autorizada para dar declaraciones sobre los bloqueadores. Pero hay más involucrados. Magán comentó que la verdadera persona encargada de supervisar el buen cumplimiento del cronograma de Prisontec es la señora Ysela Lévano Tacuchi, jefa de la oficina de gestión de inversiones del Ministerio de Justicia. Tampoco hubo respuesta.
Cita en el Congreso. Prisontec fue inscrita ante la Sunat dos meses antes de la firma del contrato de instalación de bloqueadores en los penales; Global Seguridad del Perú, cuatro meses antes de la adjudicación para implementar grilletes electrónicos. La comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República citará a Aldo Vásquez y al representante de Prisontec para que respondan por la demora de instalación de bloqueadores en los penales.
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