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por Redacción RPP
·En RPP, el asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, dijo que el comentario del ministro Morgan Quero cuando fue consultado sobre los muertos en las protestas sociales "es inaceptable en un Estado de derecho".
Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), rechazó las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, quien dijo que los derechos humanos no son "para las ratas", al ser preguntado por las personas fallecidas por la represión policial y militar en las protestas sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
“Tengo que sumarme a la protesta y rechazo estas expresiones lamentables del ministro de Educación que no solamente animaliza, sino también propicia el desconocimiento de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos, a las personas que han fallecido en estas revueltas del 2022 y 2023”, afirmó en el programa Las cosas como son de RPP TV.
Para Pereira, “es absolutamente increíble” que ahora el ministro de Estado “pretenda ahora justificarse”. Quero Gaime, en declaraciones recientes a RPP, dijo que deslizó ese comentario para referirse “a los derechos humanos de los violadores” de menores de edad.
“Aún en ese caso tampoco es lícito tratar a las personas como animales, porque eso, además de desmerecer la dignidad humana, propicia a que el Estado se comporte de manera absolutamente bárbara, generando todos los problemas de violaciones de derechos humanos que la historia ya nos ha contado y que no debemos permitir”, enfatizó el asesor jurídico del IPYS.
En visión de Roberto Pereira, el ministro de Educación “debería renunciar”, ya que su comentario “es inaceptable en un Estado de derecho”, “sobre todo tratándose de las victimas [de las protestas] por las que se le ha preguntado de manera expresa y a las que claramente se ha referido”.
Sanción a fiscales
Cuando se le consultó sobre la Ley 32182, promulgada y publicada en el diario oficial El Peruano por el Gobierno de Dina Boluarte, donde se establece que aquellos fiscales que divulguen información reservada sean sancionados, clasificándose esta conducta como una falta muy grave, indicó que, si bien ha habido un fenómeno de filtración de algunos procesos judiciales, este problema “no se arregla criminalizando indiscriminadamente a fiscales por el hecho de que aparezca una información vinculada, por ejemplo, de un proceso de colaboración eficaz”.
“En primer lugar, porque la filtración puede provenir no solo de los jueces y fiscales, también de los abogados, de los funcionarios administrativos. Entonces, responsabilizar y criminalizar absolutamente, de manera generalizada, sin ningún tipo de discriminación a jueces y fiscales se inscribe en este problema general de venganza hacia el sistema de justicia, de asustar a los jueces, de perseguir a los jueces para que no desarrollen sus funciones”, añadió.
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