Municipalidad de Lima insiste en la terminación del contrato con Rutas de Lima por "vulnerar derechos ciudadanos"

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó esta tarde que, tras una reunión entre el alcalde Rafael López Aliaga; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y otros actores políticos, se dispuso el término del contrato de peajes con la concesionaria Rutas de Lima SAC.

"En nuestro compromiso con la población, el alcalde junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C, por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos", informó el municipio a través de Twitter.

La reunión se realizó ayer, viernes, y tuvo como tema central "dialogar la culminación de los contratos abusivos hacia la ciudadanía".

Durante el encuentro, el defensor del Pueblo expresó su indignación ante lo que consideró un contrato que vulnera derechos.

"No puede ser que ningún contrato, sea entre peruanos o con otras empresas transnacionales, pueda vulnerar los derechos, acciones que ya están desarrolladas en nuestro marco normativo constitucional y en las normas de desarrollo", expresó.

Por su parte, el alcalde de Lima indicó que el contrato no tenía "ni una cláusula" que protegiera los intereses del municipio y de la población.

"He leído el contrato más de 40 veces, porque he trabajado 40 años contratos (…), y nunca he visto un contrato donde no haya una sola cláusula de protección para una contraparte. Pero ¿quién paga la factura? La gente más vulnerable. No la paga la gente que tiene una residencia, ellos no se atreven a una zona adinerada, ahí no van a poner un peaje", indicó. 

"Este tema lo tenía pendiente, lo dije en campaña. Yo entro a la MML y busco la nulidad (del contrato). Pero no encontré con los abogados la fórmula porque estaba demasiado blindado. Encontré la fórmula de caducidad que es pagarles (...) lo que han invertido, que es mínimo", agregó.

Además, agradeció al defensor del Pueblo el haber acudido a su llamado ante dicha situación. "Yo lo vine a ver hace un mes, le dije ‘pasa este problema de conmoción social, el 29 de julio es la fecha límite para recuperar estos peajes de la corrupción‘", indicó.

Tribunal Arbitral Ad Hoc dispuso la continuidad de los peajes

Cabe recordar que, a fines del último enero, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la terminación anticipada del contrato suscrito con el consorcio Rutas de Lima.

"Estamos siguiendo lo que dice el contrato. El contrato determina que cuando hay una violación del interés público, la Municipalidad de Lima tiene el derecho de declarar la terminación anticipada pagando las inversiones realizadas", manifestó el burgomaestre en aquellos días.

Dada la decisión unilateral del municipio capitalino, la empresa concesionaria inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Al respecto, el pasado jueves se supo que el Tribunal Arbitral Ad Hoc del referido organismo internacional decidió dejar sin efecto el término del contrato y que continue el pago de peajes.

"Ordenar a la demandada que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, indica el fallo.

Además, la resolución procesal N° 05 ordenó al municipio “abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra la Demandante durante el trámite del presente arbitraje”.

Ante esa decisión, el alcalde de Lima acusó a los integrantes del tribunal de cobrar 500 mil dólares "por dar una cautelar en un tema del cual no eran competentes".

"Es escandaloso. Esto ha motivado que la Procuraduría Municipal denuncie penalmente a este tribunal", anunció Rafael López Aliaga a la prensa.

Tras esta acusación, el consorcio Rutas de Lima SAC emitió un comunicado señalando que "dichas alegaciones son falsas".

"Como es usual en los contratos de concesión suscritos por el Estado peruano, y en línea con lo que establece el marco normativo aplicable, el contrato de concesión entre la Municipalidad de Lima (MML) y Rutas de Lima prevé el arbitraje internacional como mecanismo para resolver controversias”, dice el pronunciamiento.

"Las órdenes emitidas por el Tribunal Arbitral Internacional, incluyendo sus recientes medidas cautelares, son de obligatorio cumplimiento para las partes (...) Los actos recientes de la MML y cualquier incumplimiento de las medidas cautelares suponen la amenaza de actos expropiatorios y arbitrarios, atentan contra la inversión privada y ponen a la MML fuera del estado de derecho”, agregó la empresa. 

Asimismo, resaltaron que los "pagos efectuados al Tribunal Arbitral "fueron "girados a la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (CPA)" y "corresponden a costos del procedimiento arbitral".

"Tales costos se fijan conforme al reglamento arbitral aplicable y deben ser pagados por Rutas de Lima y la MML en partes iguales”, resaltó la concesionaria. 

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