El gabinete Del Solar sufre las primeras bajas. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo:

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Con el Domingo de Ramos hemos comenzado ayer la Semana Santa. El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, ha estado en Ampliación de Noticias para explicar el sentido de esta celebración universal, pero también la manera específica en que el rito católico se practica en nuestra ciudad capital.

Mientras tanto nuestra historia secular atraviesa un periodo de desafíos y cuestionamientos. La semana pasada se tomaron varias decisiones judiciales de gran impacto político: la prisión preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, las ramificaciones judiciales del caso de Luis Nava, exsecretario de Palacio de Gobierno, la anulación de la absolución del general Daniel Urresti, la libertad provisional de César Hinostroza, pronunciada por la Audiencia Nacional de España. Tuvimos también un diálogo intercultural en Chalhuahuacho, que permitió el desbloqueo sin violencia de la carretera por donde pasa el cobre de Las Bambas camino a su exportación. Y cuando creíamos que prevalecía en el país el ánimo de conciliación, un conflicto social en Puno causó la pérdida de al menos dos vidas humanas.

Las Bambas y la economía 

Este es el contexto en que el presidente Vizcarra pronunció el jueves pasado un discurso a la Nación. Durante 18 minutos Vizcarra pasó revista a los principales temas de la coyuntura: Las Bambas, las reformas política y judicial, la lentitud del Congreso, las cifras sobre la pobreza, la reconstrucción con cambios, los textos escolares, los gastos en consultorías. Vizcarra reiteró su llamado al diálogo y la concertación, pero enfatizó su rechazo a las críticas y sostuvo que detrás de algunas de ellas existen “poderosos intereses económicos y grandes corporaciones”. Aunque no fue explícito sobre la identidad de esos poderes, sus palabras parecían dirigidas a tres temas que tienen que ver con la economía y en particular con el empresariado: la legislación contra la elusión tributaria, el cobro de deudas tributarias en litigio y la ley de control previo a las concentraciones económicas.

No nos cansaremos de repetir que el desarrollo de nuestro país requiere acciones audaces en tres dimensiones de la vida pública: la política, la judicial y la económica. Si hay un tema en que las tres dimensiones se entrecruzan es precisamente la política tributaria, es decir la contribución que el Estado reclama a los ciudadanos y las empresas para disponer de un presupuesto destinado a mantener su planilla de servidores públicos y a hacer inversiones en obras. El lema utilizado por Vizcarra fue: “Inversión privada sí, pero pagando todos los impuestos en beneficio de la población”.

El empresariado liderado por una mujer

Su discurso se produjo el mismo día que la Confederación de Instituciones Empresariales, CONFIEP, elegía una nueva presidenta, María Isabel León, que debe entrar en funciones a fin de mes en reemplazo del presidente saliente Roque Benavides. La nueva presidenta ha ratificado desde ya la línea fijada por su confederación: el Perú necesita una ley contra la elusión tributaria, como en todos los países desarrollados, pero ella no se debe aplicar de manera retrospectiva ni alcanzar a los directores de empresas que no toman decisiones en materia fiscal. Esos dos puntos parecen razonables y hubieran podido ser resueltos en el marco de un diálogo sereno en que ambas partes está dispuestas a hacer concesiones. Pero para citar palabras del exministro Alonso Segura, insospechable de indulgencias con intereses privados, el gobierno no debe igualar a las mafias con el sector privado.

Las renuncias

Y cuando ya creíamos que habíamos visto de todo en el curso de la semana pasada, llegó la noticia de las renuncias de los ministros de Transportes y Vivienda, Edmer Trujillo y Carlos Bruce. El primero, el más cercano a Martín Vizcarra, el segundo el más experimentado. Vizcarra cumple con la severidad frente a todo lo que tenga visos de corrupción, pero la acción del gobierno recibe un nuevo golpe.

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