La Procuradora Supranacional, Delia Muñoz, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró como inadmisible una petición presentada para cuestionar la reforma constitucional que se realizó para modificar el régimen pensionario de la Ley 20530.

"Este es el caso más importante que tenía el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la contingencia económica es de US$ 5,850 millones de dólares", señaló la procuradora.

Añadió además que, en este informe de inadmisibilidad y de fondo, la Comisión reconoce que el Estado podría establecer restricciones y limitaciones a los montos pensionarios, teniendo en consideración que existía un fin legítimo de protección a la sociedad en general.

"Señala que el desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales es una pauta que debe ser interpretada y aplicada por cada Estado en función al análisis y la utilización de recursos de cada país y teniendo en consideración los recursos legislativos apropiados para realizar una modificación regresiva", agregó.

La procuradora Muñoz señaló que el informe señala que a los peticionarios se les brindó el acceso a todos los recursos impugnativos que existen en sede nacional sin ninguna limitación y restricción y que, por ello, el Tribunal Constitucional del Perú, declaró infundada la acción de constitucionalidad, es decir, que con este pronunciamiento la Comisión IDH convalida el accionar del Estado peruano al realizar su proceso de reforma constitucional.

"Con esto, se va a permitir que, de ahora en adelante, se podrá implementar la reforma del Estado y establecer los mecanismos adecuados para implementar la carrera del servicio público", finalizó.

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