Procuradora Supranacional Delia Muñoz señala que con esta decisión el Estado peruano ahorrará US$ 5,850 millones de dólares.
"Este es el caso más importante que tenía el Estado peruano ante
Añadió además que, en este informe de inadmisibilidad y de fondo,
"Señala que el desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales es una pauta que debe ser interpretada y aplicada por cada Estado en función al análisis y la utilización de recursos de cada país y teniendo en consideración los recursos legislativos apropiados para realizar una modificación regresiva", agregó.
La procuradora Muñoz señaló que el informe señala que a los peticionarios se les brindó el acceso a todos los recursos impugnativos que existen en sede nacional sin ninguna limitación y restricción y que, por ello, el Tribunal Constitucional del Perú, declaró infundada la acción de constitucionalidad, es decir, que con este pronunciamiento
"Con esto, se va a permitir que, de ahora en adelante, se podrá implementar la reforma del Estado y establecer los mecanismos adecuados para implementar la carrera del servicio público", finalizó.
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