El 2020 ha sido un año fuertemente remecido por la crisis política que llegó a su punto más alto con la vacancia de Martín Vizcarra. Este informe presenta un recuento de los choques más críticos entre el Congreso y Ejecutivo.
El 2020 no solo ha sido el año de la pandemia en Perú, sino también el de la crisis política que llegó a su punto más álgido con la vacancia del presidente Martín Vizcarra y la sucesión de Manuel Merino, entonces presidente del Congreso. Durante el segundo semestre del año, hubo una escalada en la tensión entre Ejecutivo y Congreso, principalmente luego del Mensaje a la Nación de Vizcarra cuando -según establece la Constitución -ya no puede disolverse el Parlamento en su último año de mandato.
La instalación del nuevo Congreso coincidió con el registro de los primeros contagios de la COVID-19 en el país y con la adopción de medidas estrictas por parte del Ejecutivo para evitar, en lo posible, el colapso del sistema sanitario. La atención de la opinión pública estuvo en el Gobierno, debido a la crisis sanitaria; sin embargo, a partir de mayo, el Congreso, donde 118 miembros son congresistas por primera vez, comenzó a llamar la atención por la aprobación de leyes que especialistas calificaban de populistas o de demagógicas. Por ejemplo, el retiro de los fondos de la AFP, la suspensión del pago de peajes, la formalización del taxi colectivo y los primeros avances hacia la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
A evaluación de Gonzalo Banda, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y la Universidad Católica de Santa María, este Congreso complementario no solo es populista, sino que sabe que las leyes que aprueba son abiertamente inconstitucionales y, a pesar de eso, las aprueba. “Ha habido Congresos con decisiones cuestionables, que el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales. Pero no recuerdo a un Congreso que jugara con esa figura todo el tiempo. Debe haber batido un récord en acciones de inconstitucionalidad. […] Es el Congreso de las acciones de inconstitucionalidad”, manifestó.
Inmunidad Parlamentaria
A inicios de julio, se produjo el primer gran choque entre Ejecutivo y Congreso cuando de forma reaccionaria los congresistas votaron una reforma constitucional para eliminar su inmunidad, y también la de otros altos funcionarios, incluido la del presidente de la República, de los miembros del TC y del Defensor del Pueblo. Más temprano, Vizcarra había anunciado que sometería a un referéndum su propuesta sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, lo que motivó la apurada sesión virtual del Pleno y que en menos de cuatro horas se cambiaran cinco artículos de la Constitución sin mayor debate o deliberación al respecto.
Sin voto de confianza para Cateriano
Pedro Cateriano fue convocado por el expresidente Vizcarra para que reemplace al entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. Como establece la Constitución, Cateriano acudió junto a su gabinete a solicitar la confianza del Congreso. Sin embargo, sorpresivamente, la mañana del 4 de agosto, el Pleno no le otorgó la confianza y Cateriano fue forzado a renunciar con todos sus miembros.
En RPP Noticias, Cateriano detalló que previa a su presentación en el Parlamento había conversado con líderes de partidos políticos que tienen bancadas congresales y que, por ejemplo, César Acuña le había asegurado que Alianza para el Progreso votaría a favor de la confianza. En los hechos, la bancada de APP votó en bloque por la abstención. Asimismo, Cateriano contó que Manuel Merino le había señalado que algunos congresistas no estaban de acuerdo con la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, cuya permanencia era un gesto del Gobierno a la defensa de la reforma universitaria.
Primera moción de vacancia
Tras la salida de Cateriano, Vizcarra le encargó el cargo de presidente de Consejo de Ministros a Walter Martos, que hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Defensa. Para septiembre, la tensión Ejecutivo y Congreso se iba elevando con la primera moción de vacancia presidencial. Este pedido fue promovido por un sector del Parlamento, la cara más visible fue el congresista Édgar Alarcón de Unión por el Perú (UPP), principal rival político del expresidente. La justificación de la moción de vacancia fue la difusión de unos audios referidos al caso de Richard ‘Swing’ Cisneros, el artista cuyas contrataciones con el Ministerio de Cultura se encuentran en investigación.
"No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora", dijo Vizcarra en su breve presentación ante el Parlamento que con los ánimos más calmados votaron luego mayoritariamente en contra de la vacancia.
Segunda moción de vacancia
La filtración de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que involucraban a Vizcarra en presuntos pagos ilegales de obras en Moquegua cuando era gobernador regional derivó en la presentación de una segunda moción de vacancia. Luego de 22 días de filtrarse la primera declaración de un aspirante a colaboración, el Congreso aprobó la vacancia por 105 votos. En su mensaje de despedida desde Palacio de Gobierno, Vizcarra acataba la decisión y señalaba que no iba a tomar ninguna acción legal. "Salgo del Palacio de Gobierno como entré hace dos años ocho meses: con la frente en alto", señaló.
Manuel Merino, congresista de Acción Popular y entonces presidente del Parlamento, asumió el Gobierno. La vacancia de Vizcarra y la asunción de Merino generaron protestas a lo largo de todo el país. El descontento hacia la clase política se hizo evidente con las movilizaciones de jóvenes, a quienes se les ha llamado “Generación del Bicentenario”.
La politóloga Paula Távara indicó que la mayor preocupación de la ciudadanía es el tema sanitario por la pandemia de la COVID-19 y; sin embargo, todas las acciones del Congreso a lo largo del año “han demostrado que esa no era la prioridad para ellos”.
Asimismo, señaló que el Congreso ha intentado tener cuotas de poder para sus intereses particulares como los vinculados a universidades para detener la reforma universitaria. “Estamos hablando constantemente de acciones vinculadas a mantener cuotas de poder. En ese esfuerzo, llegan al extremo de vacar a un presidente de la República que estaba confrontando sus intereses”, indicó. Asimismo, Távara señala que un error político del Ejecutivo de Martín Vizcarra fue no tener una bancada dentro del Parlamento. “La confrontación con un Congreso que está buscando intereses propios y privados era inevitable, quizás sí hubiera sido necesario que tuviera bancada propia que pueda hacer de balance en ese aspecto”, indicó.
Gonzalo Banda también evaluó que el error político de Vizcarra fue no tener bancada propia. “Se acostumbró a una relación tirante con el Congreso y él mismo despreció cualquier tipo de relación con el Congreso. El solo hecho de no postular una bancada para la elección del 2020 te habla del papel que para él significan los congresistas. Él creyó que podía gobernar sin congresistas, un hecho sin precedentes para nuestra historia”, indicó.
Bonus: Renuncia de Merino y asunción de Francisco Sagasti
Las protestas fueron reprimidas por la Policía Nacional, a la que se ha criticado por un uso excesivo de la fuerza. Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que participaban de las movilizaciones, fueron las víctimas mortales en medio de la represión policial.
Las muertes de estos dos jóvenes y el enorme descontento generalizado en las calles llevaron a que Manuel Merino presente su renuncia cinco días después de asumir el poder. El Perú quedó sin autoridades por varias horas luego de que también los miembros de la Mesa Directiva del Congreso renunciaran a sus cargos.
El Congreso eligió al parlamentario Francisco Sagasti, del Partido Morado, como nuevo presidente y se convirtió en el tercero en ocupar dicho cargo en una semana. Sagasti asumió el poder con el desafío de cerrar la crisis política y liderar el gobierno de transición hasta julio del 2021.
La reflexión de la politóloga Paula Távara de este año de confrontación radica en sostener que una de las tareas pendientes es la representatividad. Es decir, los ciudadanos debemos aprender a encontrar formar de elegir parlamentarios que realmente representen nuestros intereses. “El Congreso debe recordar ante todo que debe representar los intereses de la ciudadanía, no lo que ellos creen que son los intereses de la ciudadanía”, manifestó.
Según Banda, los partidos representados en el Congreso no responden a intereses programáticos o doctrinarios; los partidos son ‘combis electorales’ que responden a intereses de los dueños. “Entonces, si el dueño se levantó con el ánimo de apoyar a la universidad informal o trucha o devolver dinero que no existe, lo va a hacer. Este Congreso es el Congreso de los dueños y no de lo interese legítimos del Perú”, indicó.
Para Banda, otro aprendizaje que nos debe dejar este año es que la Constitución peruana tiene unos “botones rojos de autodestrucción llamados vacancia, disolución y censuras”, los cuales deben ser usados muy excepcionalmente. “Nosotros lo hemos estado apretando como si estuviéramos prendiendo la luz todos los días. Si algo podemos aprender de esto es que es malo forzar los límites de la Constitución. Están ahí para usarse, pero en un momento en el que se usa todo el tiempo terminamos convirtiendo a los dos poderes más importantes del Estado en enemigos políticos”, consideró.
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