Segundo revés para el Perú tras nueva denuncia de la CIDH

Un segundo revés deberá afrontar el Perú tras una nueva demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de una presunta terrorista que fue detenida ilegalmente y torturada por agentes de seguridad estatales en abril de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En un comunicado, la CIDH señala que la víctima, identificada solo con la inicial J. abandonó el Perú en el 1993, tras haber sido absuelta en primera instancia judicial.

La CIDH alega que agentes de seguridad violaron y torturaron a J., quien permaneció 17 días detenida. La demanda fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Agrega que fue enjuiciada por terrorismo en un procedimiento en el que se violó el debido proceso.

Indica que en julio de 1993 fue absuelta, permitiéndole salir del país, pero en diciembre del 1993, la Corte Suprema reabrió el proceso y en este momento el caso sigue abierto, incluso hay una orden de captura internacional en su contra.

La CIDH considera que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad y protección a la honra de la víctima, entre otros.

Para la Comisión, Perú ha faltado a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana contra la tortura y la violencia contra la mujer.

El asunto será tratado en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según se conoció, J. sería Mónica Feria Tinta, estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que fue detenida por terrorismo en 1992.

La primera demanda presentada por la CIDH ante la Corte IDH en los últimos meses fue por el caso ‘Chavín de Huantar’, en el cual se denuncia la presunta muerte extrajudicial de emerretistas que tomaron la casa del embajador japonés, en 1997.