La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se pronunció sobre el conflicto entre los pobladores del distrito de Challhuahuacho (Apurímac) y la mina de cobre Las Bambas, operada por el consorcio australiano-chino MMG.
"La crisis no se va a resolver criminalizando a los dirigentes ni repartiendo unos cuantos millones. Necesitamos cambios de fondo en las reglas de juego de la minería, necesitamos un Estado que esté presente y activo en todo el territorio", dijo en un artículo.
Cientos de agricultores de la comunidad de Fuerabamba mantienen bloqueado desde el 4 de febrero pasado el camino rural que atraviesa su territorio y que la empresa extractiva utiliza para transportar el mineral extraído.
La tensión se elevó desde el pasado viernes tras las detenciones de los dirigentes y asesores legales de los comuneros, estos últimos acusados por la Fiscalía de presunta extorsión contra la empresa.
Verónika Mendoza explicó que el compromiso original de la compañía era la construcción de un mineroducto, un tubo por el que pasaría el mineral.
"Pero de la noche a la mañana, en el 2014, al hacerse una venta entre transnacionales mineras, se anuló el ducto y se decidió que todo pasaría por carretera y en camiones. No se hizo estudio de impacto ambiental de esta carretera, no se evaluó el impacto del polvo, el ruido ni las vibraciones", cuestionó.
La lideresa de Nuevo Perú añadió que ante este conflicto se necesita un Estado que garantice "los derechos de todas las partes: comuneros, mineros, inversionistas, y, en particular, de los más vulnerables; promoviendo transparencia, participación, diálogo y consulta en las decisiones sobre el uso de los territorios y bienes comunes; garantizando que no se contamine las fuentes de agua, que la gente no respire ni coma polvo".
