La congresista Carmen Omonte reiteró la importancia y la necesidad del pronto debate del proyecto de ley que su bancada, Alianza para el Progreso, presentó en marzo pasado contra el acaparamiento de productos y la especulación de precios, dentro de la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país por la COVID-19.
"Este proyecto plantea restituir el artículo 233 del Código Penal que penalizaba como delitos tanto el acaparamiento como la especulación y que fue derogado en el segundo gobierno del expresidente García, en el año 2008, por tanto, lamentablemente, en este momento, no es penalizado ni el acaparamiento ni la especulación", señaló.
En diálogo con RPP Noticias, la también exministra recordó que, si bien la Constitución señala que en el país existe la libertad de mercado, la Carta Magna también señala "que el Estado defiende el interés de los consumidores". En ese sentido, lamentó que se pretenda calificar de anticonstitucional a esta iniciativa de su bancada.
Omonte cuestionó que durante la actual emergencia los precios de medicamentos como la Azitromicina han subido "hasta 20 veces" su valor en algunas farmacias del país. No obstante, señaló que la Fiscalía debe intervenir para corroborar esta situación y delimitar eventuales responsabilidades y sanciones.
Finalmente, la parlamentaria mencionó que, si bien el Código Penal actual establece sanciones, hasta de cárcel, para el acaparamiento de productos que tenga como objetivo elevar sus precios en el mercado, el decreto de urgencia aprobado por el expresidente Alan García derogó estas normas. "Es hora de corregir ese yerro", señaló.
