Daniel Salaverry renunció a Fuerza Popular un día antes de que se debata la moción de censura en su contra impulsada por Fuerza Popular. | Fuente: Congreso

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Este jueves asistiremos al debate de una moción de censura presentada por la bancada de Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lo que es inédito en nuestra historia política es que la hasta ahora bancada mayoritaria haya planteado la censura contra uno de sus miembros, puesto que Salaverry renunció apenas el miércoles, horas antes del Pleno. Para censurarlo, el fujimorismo invoca un súbito y quisquilloso apego a la ley y los reglamentos, pero está permitido dudar de esa motivación.

En efecto, el presidente del Congreso comenzó hace varios meses a marcar su diferencia con las tendencias más belicosas e intransigentes, en particular a propósito de la llamada ley Mulder. Sin embargo, Fuerza Popular se hallará sola en su tentativa, porque incluso el APRA ha anunciado que sus cinco congresistas se abstendrán. Peor aún, la renuncia de Daniel Salaverry ha precipitado la renuncia de no menos de cuatro congresistas.

Fuerza Popular comenzó el quinquenio con 73 congresistas sobre 130, pero sucesivas deserciones y algunas exclusiones notorias, como la de Kenji Fujimori, han mostrado graves carencias de liderazgo y unidad. En el caso de la ruptura con Daniel Salaverry lo que está en juego es impedir que aparezcan nuevas bancadas. Sorprende que quienes le reprochan no haber sancionado el uso de insultos no dijeran nada cuando dirigentes fujimoristas lo llamaron “traidor” y sugirieron que se había puesto de rodillas ante el presidente Martín Vizcarra.

Mandato ilegítimo

Más allá de nuestras fronteras, el 10 de enero será de triste recordación para la democracia en América Latina. En Venezuela, Nicolás Maduro prestará juramento para un nuevo mandato de seis años, consolidando la arbitrariedad y el abuso de poder. Ejerciendo recetas clásicas de demagogia nacionalista, los dirigentes de la llamada Revolución Bolivariana han declarado “traidores a la patria” a los que se plieguen a las conclusiones del Grupo de Lima, que Caracas denomina el “Cartel de Lima”. 

El propio Nicolás Maduro afirmó que la decisión adoptada por el Perú de no permitir su entrada a nuestro territorio es una “estupidez”. Creyéndose gracioso, fingió no conocer el nombre del Jefe de Estado peruano y no saber cómo había llegado al poder. Solo cabe tristeza e indignación cuando uno ve perpetuarse un gobierno que ha llevado a la ruina a su población y causado la más grave crisis migratoria que se recuerde en nuestra región.

Crisis en Guatemala

No menos lamentable es una decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales, que ha decidido expulsar de Guatemala a los miembros de la Comisión creada por la ONU para supervisar la lucha contra la corrupción, CICIG. Es decir que el Estado guatemalteco reniega su palabra y desconoce ahora lo que acordó libre y soberanamente con la comunidad internacional. La razón es simple: hay dirigentes políticos que solo actúan contra la corrupción cuando esta lucha afecta a sus adversarios y no cuando los pone ante el riesgo de evidenciar sus propias responsabilidades. Esperemos que la Corte de Constitucionalidad pueda detener la arbitrariedad del mandatario.

Estamos a tiempo de aprender de los errores de los demás y forjar consensos en torno a dos principios simples: 1) La única lucha eficaz contra la corrupción es la que llevan a cabo autoridades judiciales autónomas e independientes de los poderes políticos y económicos. 2) La democracia es el único sistema que garantiza la paz social, la participación crítica y plural de los ciudadanos y la alternancia en el poder.

Porque la democracia es siempre frágil y la corrupción escurridiza, importa que hoy sepamos cómo está conformada la mayoría de nuestro Congreso. Y qué principios inspiran a sus miembros.

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