El congresista Alberto de Belaunde dijo que el Congreso peruano no puede desconocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) porque el Perú está obligado “por un tratado que soberanamente decidimos firmar y que adscribimos”. Este viernes, la Corte IDH falló para que el Estado peruano archive la acusación contra magistrados del Tribunal Constitucional.
“Uno puede estar en contra o a favor, pero los fallos se acatan. Así como exigimos a Chile que acatara la resolución de la Corte de la Haya sobre el diferendo marítimo, nosotros estamos obligados a cumplir con lo que dice la Corte IDH”, dijo De Belaunde a La Semana de RPP Noticias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió este viernes que el Estado peruano archive el proceso de acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda por el caso El Frontón.
Justicia sin interferencias
De acuerdo a la sentencia, esta medida es “para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial”.
Según De Belaunde, este “razonamiento de la corte IDH es muy interesante”, por los efectos que traería la destitución de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el caso El Frontón.
“Se estaría transmitiendo un mensaje no solo a la magistrados destituidos, sino a todos los jueces del país, que sería si al poder político no le gusta cómo actúa de manera independiente un juez, se le destituye. Ese es un mensaje que dañaría el estado constitucional. (…) Las sentencias se cumplen si no estaríamos al mismo nivel que el chavismo, que no ha cumplido ni una sola de las sentencias de la Corte IDH y se retiró de forma unilateral de este sistema”, detalló.
Reacciones
Los legisladores Víctor Andrés García Belaunde y Úrsula Letona expresaron su rechazo al fallo porque, según ellos, la Corte estaría interfiriendo en los fueros congresales. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, señaló, en una carta enviada al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que la sentencia “afecta directamente a la soberanía e independencia del Estado peruano".
Para De Belaunde, la idea de que el Congreso “es una súper institución que no acepta el contrapeso de otra institución, no se condice con el sentido del derecho constitucional”.
En diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que contempla la destitución e inhabilitación por 10 años del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Además plantea suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez, y Manuel Miranda. A los cuatro magistrados se les recomienda sancionar por cometer un presunto prevaricato.
El 18 de junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, se desataron tres motines simultáneos en los penales San Juan Bautista (El Frontón), Santa Bárbara de Mujeres, y Lurigancho. El Gobierno respondió con la intervención de las Fuerzas Armadas. En El Frontón, la operación anti motín fue encomendada a la Marina.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), más de 200 internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines debido al uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos. Un grupo de marinos fue denunciado por el presunto delito de asesinato.
