La Defensoría señaló que el Congreso debe escuchar los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales.
La Defensoría del Pueblo solicitó este miércoles al Congreso de la República priorizar el proyecto de adelanto de elecciones que presentó la presidenta Dina Boluarte frente a la crisis social que atraviesa el país por las manifestaciones en diversas regiones. Esto luego del fallido golpe de Estado que intentó Pedro Castillo.
"La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional, considerando el plazo más realista, en función de la actual situación nacional, las expectativas de la ciudadanía y de la capacidad de organización del proceso por el sistema electoral", se lee en una parte del comunicado.
La Defensoría del Pueblo también manifestó que el gobierno debe liderar la gestión de esta crisis social, pero con un plan estratégico para llegar a una solución en las regiones.
"El despliegue de ministras y ministros hacia las regiones debe estar acompañado de la debida colaboración y apertura de las/los actoras/es locales y regionales. Solo así será posible adoptar acuerdos que gocen de legitimidad y viabilidad social", agregó.
Por otro lado, la institución afirmó que continuará cumpliendo sus labores en todo el territorio nacional, supervisando el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Este jueves se realizará un pleno del Congreso y se espera que en la agenda se encuentre el proyecto de adelanto de elecciones generales. La convocatoria la dio el actual titular del Parlamento, José Williams.
Estado de emergencia
El Gobierno hizo oficial, a través de un decreto supremo, la declaratoria del Estado de Emergencia por los próximos 30 días y empezará a regir mañana. El documento fue publicado en el diario El Peruano.
El decreto precisó que el estado de emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales. Sin embargo, en ninguna parte del documento se hace mención a un toque de queda como lo dejó entrever el ministro de Defensa, Alberto Otárola, horas antes en Palacio de Gobierno.
"La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente", se lee en parte del decreto.
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