Un reportaje dio cuenta que el reglamento del Congreso establece que el grado de bachiller solo permitiría a Yessenia Lozano, de 36 años, acceder a un cargo técnico, cuyo sueldo sería cercano a los S/6 000.
Un reportaje denunció que, en septiembre de 2024, el Congreso de la República aprobó la creación del Centro de Modalidades Formativas y que, un mes después, se designó a Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa de dicha entidad.
El programa Cuarto Poder indicó que la funcionaria, de 36 años, percibe una remuneración incluso mayor —más de 19 000 soles mensuales— que la de los parlamentarios, pese a que solo posee el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña.
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, su formación académica apenas le permitiría acceder a un cargo técnico con un sueldo cercano a los 6 000 soles; es decir, menos de un tercio de lo que gana actualmente.
“Eso demuestra que no es una oficina creada por la necesidad de capacitar personal del Congreso, sino para pagar favores políticos”, dijo Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios.
El dominical indicó que, en los pasillos de ese poder del Estado, los rumores señalan que el Centro de Modalidades Formativas sería, en realidad, “una agencia de empleos encubierta”.
Lozano Millones empezó a laborar en el Parlamento a inicios de 2020 como asesora principal del congresista de APP Freddy Díaz Monago, con una remuneración de 8 000 soles. Después de que Díaz fuera denunciado por violación sexual, fue inmediatamente reubicada como asesora del grupo parlamentario del partido de César Acuña, elevándose su sueldo a 12 663 soles.
Con la llegada de Eduardo Salhuana a la Mesa Directiva, Lozano fue nombrada asesora de la Presidencia del Parlamento, y en octubre de 2024, mediante una resolución firmada por el oficial mayor Giovanni Forno, fue designada jefa del Centro de Modalidades Formativas.
En palabras de Alejandro Rospigliosi, este hecho evidenciaría que “no han puesto a una persona idónea para el cargo, sino a una militante” de Alianza para el Progreso, “que es reincidente en contratar personas no adecuadas para los cargos públicos”.
Piden la intervención de la Fiscalía
El reportaje dio cuenta, además, de que ni los propios congresistas conocen las funciones de dicho centro. “Qué es lo que ellos hacen. No sabía [de su existencia], pero voy a averiguar”, indicó Milagros Jáuregui, de la bancada de Renovación Popular. Por su parte, Alex Paredes, del grupo Bloque Magisterial, añadió: “No imagino a qué se dedica la oficina”.
Por si fuera poco, la subordinada de Yessenia Lozano, Ruth Melisa Leyva García, también es militante de APP desde octubre de 2017. La funcionaria, licenciada en Psicología y magíster en Gestión de Talento Humano por la Universidad César Vallejo, percibe una remuneración mensual de 10 502 soles.
Ante esta situación, Rospigliosi consideró que “hay suficientes indicios” para que la Contraloría de la República y el Ministerio Público investiguen a fin de que “no se estén utilizando estas oficinas como centros de campaña de proselitismo político para el partido que contrata a este personal”.
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